La Procuraduría General de la República (PGR) reúne información para identificar a las empresas proveedoras del programa que presuntamente se usó para espionaje y determinar a quiénes y a qué personas pudieron dar acceso a ese tipo de sistemas.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías, sostuvo que ”se llevarán a cabo las relaciones internacionales para determinar los proveedores de este tipo de tecnología”.
Acompañada de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, señaló que se ha iniciado el desahogo de las diligencias que son necesarias para determinar lo sucedido con base en pruebas científicas.
Entre ellas, precisó, está la fijación y extracción de los mensajes y la información del “malware” de los equipos presuntamente afectados.
“Se solicitó a la Policía Federal, específicamente a la Policía Científica, para que realice la investigación respecto de los números telefónicos de donde se emitieron los supuestos mensajes para infectar los teléfonos y sus vínculos”, dijo en conferencia de prensa.
Además, detalló, se realizarán acciones para poder determinar la geolocalización de los equipos que pudieron emitir esos mensajes, se solicitará información para determinar qué personas e instituciones federales o estatales han tenido acceso a este tipo de tecnología y a través de qué medios.
Entre otras cosas, apuntó que se realizará un análisis de contexto que permita vincular el trabajo de las personas presuntamente víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos, en relación con dichos actos ilegales.
“Esta enumeración de diligencias sólo es enunciativa, porque se realizan y se realizarán todas aquellas diligencias que sean necesarias y aquellas que la coadyuvancia ha propuesto y que seguirá proponiendo en el transcurso de la investigación”, sostuvo.
Agregó que el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, ha instruido que se garantice en todo momento la coadyuvancia de las presuntas víctimas y el acceso de sus representantes a la investigación.
