La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su llamado a que todas las denuncias sobre presuntos casos ilegales de espionaje telefónico y cibernético sean objeto de una investigación pronta, objetiva, integral e imparcial que permita determinar si los actos que se señalan efectivamente se realizaron, precisar los responsables de los mismos, así como el destino o uso que se dio a la información que, en su caso, se hubiera obtenido.
En un comunicado, el organismo subrayó que la información conseguida de manera ilegal, sin importar el método y los insumos materiales, tecnológicos o cibernéticos empleados para tal efecto, es una práctica ilícita, que atenta contra la dignidad de las personas al vulnerar sus derechos a la privacidad y a la intimidad.
"Toda injerencia abusiva o arbitraria en la vida privada de las personas está prohibida por el Derecho Internacional, el cual impone a los Estados, por el contrario, la obligación de brindar la protección más amplia y efectiva posible a la misma", recordó la CNDH.
El hecho de que periodistas y defensores de derechos humanos sean objeto de estas actividades ilícitas "afecta nuestro sistema democrático, en tanto que vulnera los derechos a la libertad de expresión y a la información, a la vez que debilita la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones".
El que las personas legítimamente acudan a las autoridades a solicitar se investigue la comisión de un presunto ilícito, debe tener como respuesta una investigación pertinente y debida de los hechos denunciados, que aclare la verdad de los mismos a efecto de que se juzguen al amparo de la ley. Esta investigación deberá realizarse bajo condiciones que garanticen niveles razonables de transparencia y credibilidad, que pongan en evidencia la imparcialidad de las instancias que las lleven a cabo, respecto de aquéllas que sean investigadas, indicó el organismo público.
