El Gobierno de México usa un programa israelí para espiar a periodistas y activistas del país, según denunció un reportaje del New York Times publicado este lunes.
El rotativo estadounidense destaca en su artículo que desde el 2011 agencias mexicanas han gastado 80 millones de dólares software de espionaje, conocido como “Pegasus”, el cual solo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
La empresa que fabrica el programa, NSO Group, de origen israelí, afirmó que vende la herramienta a gobiernos con la condición de que sea utilizado para combatir el terrorismo, grupos criminales y carteles de droga. Sin embargo, no tiene manera de probar que las instituciones gubernamentales no le den otro uso, puesto que el software no deja rastros del ‘hacker’ que lo utilizó.
“Pegasus”, según detalla el New York Times, se infiltra en los ‘smartphones’ para monitorear detalles como llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, contactos y calendarios; además puede utilizar la cámara y el micrófono del aparato para realizar vigilancia. El programa solo puede ser utilizado por las agencias de Gobierno en las que se instaló la tecnología.
El diario neoyorquino denuncia que entre los objetivos del Gobierno se encuentran abogados relacionados al Caso Ayotzinapa, los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, el economista y director del Instituto Mexicano de Competitividad Juan Pardinas, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales por la policía.
El rotativo resalta el caso de Carmen Aristegui, quien desde el 2014 se volvió un blanco para el Gobierno tras la publicación del reportaje conocido como “la Casa Blanca”, en el cual denunciaba una propiedad de la primera dama Angélica Rivera y que levantó sospechas de un posible conflicto de interés en Los Pinos. Poco después, ella fue despedida de su trabajo en la radiodifusora MVS.
En 2015, Aristegui comenzó a recibir mensajes de números desconocidos que le pedían que diera clic a un enlace. Varios de los textos llegaron del mismo número teléfonico, señalan, y meses después también su hijo comenzó a recibirlos.
Aunque NSO Group no reconoce el abuso de su software, Citizen Lab confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas tenían rastros de ‘hackeo’.
