"Temer es el jefe de la organización criminal que actúa en la Cámara (Baja)", dijo Joesley Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS, en una entrevista publicada en la edición del semanario Época que comenzó a circular este sábado.
El empresario aseguró que la mafia integrada por políticos le exigía permanentemente el pago de sobornos y de donaciones ilegales a campañas electorales a cambio de favores para sus empresas o para no dificultar sus negocios.
Según Batista, el grupo era liderado por el actual mandatario; por el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que hoy purga condena por corrupción, y por cercanos colaboradores de Temer como los ex titulares de Turismo Henrique Eduardo Alves -también detenido- y de la Secretaría de la Presidencia Geddel Vieira Lima, y los actuales ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.
"Quien no está preso (de los miembros del grupo), está en (el palacio presidencial de) Planalto. Ese grupo es muy peligroso. No se puede pelear con ellos", afirmó Batista en su entrevista a Época.
El propietario de la JBS afirmó que tomaba cuidado con el grupo porque no quería oponerse "a la mayor y más peligrosa organización criminal del país, que es liderada por el presidente".
Agregó que tampoco podía complacerlos totalmente porque ellos "no tienen límites" para exigir el pago de sobornos por cualquier cosa.
Batista relató que se aproximó a Temer en 2009 y que desde entonces recibió peticiones de recursos por parte del mandatario, con quien dice haber tenido "una relación institucional" ya que el presidente era la vía para "resolver problemas" en sus negocios.
"Creo que él me veía como un empresario que podía financiar sus campañas y hacer arreglos que podrían rendirle coimas", aseguró el propietario de la JBS, quien dijo que Temer lo llamaba cada vez que necesitaba recursos tanto para asuntos políticos como personales.
Agregó que, además de donaciones para las campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayor formación del país y liderada por Temer, el presidente también le pedía dinero para campañas de otros aliados, para campañas publicitarias en internet y hasta paga pagar el alquiler de su oficina particular.
"Temer no tiene mucha ceremonia para tratar ese asunto (pedir dinero). No es una persona cuidadosa con eso", dijo.
RED DE CORRUPCIÓN
Afirmó que los pagos eran necesarios porque el grupo tiene poder sobre áreas estratégicas para su empresa de producción de alimentos, como organismos vinculados al Ministerio de Agricultura.
Relató que para los diferentes aportes ilegales a esa mafia tenía dos interlocutores en el grupo, primero el cambista Lucio Funaro y luego el diputado Eduardo Cunha.
Según el empresario, cuando Funaro y Cunha fueron detenidos, el grupo le pidió que les siguiera haciendo pagos mientras estuvieran encarcelados para garantizar que se mantuvieran en silencio.
Agregó que Temer sabía de esos pagos debido a que a cada 15 días enviaba a Geddel Vieira Lima, uno de sus asesores más próximos, para preguntar si estaba todo bien con los pagos y si los dos presos no dirían nada.
"Yo le informaba al presidente por intermedio de Geddel. Y él sabía que yo le estaba pagando a Lucio y a Eduardo. Cuando Geddel cayó (fue destituido también salpicado por un escándalo de corrupción) me quedé sin interlocutor con el Planalto por algún tiempo. Incluso por precaución", afirmó.
Batista regresó el domingo a Brasil tras haber abandonado el país por algunos días autorizado por la Justicia por las supuestas amenazas recibidas por su familia.
El empresario, controlador junto con su hermano de la empresa brasileña que era considerada como una de las mayores exportadoras mundiales de alimentos, negó que tenga la intención de establecerse en el exterior tras el acuerdo que negoció con la Fiscalía para delatar a sus cómplices en las corruptelas a cambio de reducciones en sus futuras condenas.
A raíz de las denuncias hechas por el empresario, la Corte Suprema abrió el mes pasado una investigación contra el jefe de Estado por los delitos de corrupción, asociación para delinquir y obstrucción a la Justicia.
La decisión de la Corte llevó a los partidos de la oposición y a algunos oficialistas a exigir la renuncia del gobernante y generó una grave crisis política.
