Verónica Gascón
Agencia Reforma
Además de Gobernadores, Alcaldes y funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por corrupción a partir del 19 de junio.
Aquellas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
Se sancionarán malas prácticas que incluyen operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.
Hay casos emblemáticos como el de Odebrecht en el que se demostró, en Estados Unidos, que la corrupción era una estrategia deliberada para mejorar la posición de la empresa.
La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
Otra de las sanciones es la extinción de dominio, es decir, que el Gobierno decomise los bienes como propiedades o dinero en efectivo con los que se hizo la empresa a partir de malas prácticas.
Los casos pueden seguirse de oficio, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte una mala práctica, o, a través de una denuncia.
Cuando se identifica un posible delito, si está dentro de la Ley de Responsabilidades, sería la Secretaria de la Función Pública la que investigue, pero si entra en la dimensión penal, participaría la PGR.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que a raíz de la aprobación de la 3de3 se buscará reforzar el Código de Integridad y Ética Empresarial que se dio a conocer entre sus agremiados.
