CAMPECHE, CAMP. — Cuando el sexenio de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas llegaba a su fin, Campeche recibió con bombo y platillo un supuesto complejo administrativo moderno: un proyecto concebido para centralizar las oficinas del gobierno estatal, supuestamente para ahorrar en rentas y ganar eficiencia. El costo oficial superó los 521 millones de pesos y la obra quedó a medias en un menos del 60 por ciento por falta de flujo financiero y presuntas irregularidades en la comprobación de recursos federales.
La obra se entregó como “concluida”, sin embargo, la administración posterior de Layda Sansores denunció que el terreno y la construcción presentaban irregularidades legales y fiscales que impedían su continuidad inmediata. Era un “cascarón vacío”, sin conexiones eléctricas adecuadas, sin infraestructura básica funcional y sin rampas de acceso para personas con discapacidad. Un elefante blanco más, inflado con dinero público y abandonado a su suerte.
Hoy sabemos que buena parte de esos recursos se canalizó, según investigaciones periodísticas y auditorías locales, a empresas vinculadas a la familia Gordillo, los constructores “favoritos” de aquella administración.
