CAMPECHE, CAMP. — Lo que debía ser un moderno complejo de seguridad para proteger a los campechanos terminó convertido en un elefante blanco de concreto, contratos fantasmas y sistemas a medias. Así recibió la actual administración el gigantesco edificio de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC): Un rompecabezas heredado de la gestión de Alejandro “Alito” Moreno, donde el patrimonio público parece haber servido más para negocios privados que para el servicio a la ciudadanía.
El encargado del despacho de la SEDUMOP, Bernhard Rehn, no se anduvo con rodeos al poner el dedo en la llaga: Contratos cerrados de manera anticipada sin que las obras estuvieran terminadas, sistemas de agua y tecnología de punta abandonados a su suerte, y un “gigante de concreto” que amenazaba con quedar en el olvido total.
“Muchos contratos quedaron inconclusos, pero se terminó la gran parte de lo que estuvo en el proceso. Lo que no estuvo terminado, justo eso atacamos”, explicó Rehn con claridad.
Lo que hoy es un complejo funcional de 25 mil metros cuadrados, seguro y operativo, fue rescatado con esfuerzo titánico por la administración actual. Lo que la gestión pasada dejó como un cascarón vacío y malogrado, hoy respira vida gracias a la decisión de no detenerse ante las irregularidades y priorizar que el edificio sirviera a la gente.
JUSTICIA PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO
Este desorden heredado no se quedará en la impunidad. La documentación de los contratos incumplidos y cierres sospechosos ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Mientras se reparan los daños, se abren procesos legales para que alguien rinda cuentas por el estado en que se entregaron las obras. El dinero de los campechanos no puede seguir evaporándose en obras fantasmas.
La actual administración no se conforma con rescatar lo que se pudo salvar. Esta semana, la SEDUMOP se reunirá con los mandos de la SPSC para diseñar una segunda etapa de obra pensada en las necesidades reales de los agentes.
El objetivo es ambicioso y claro: antes de que concluya el periodo, la policía de Campeche contará no solo con un edificio donde trabajar, sino con un complejo de primer nivel que funcione al ciento por ciento, dejando atrás la sombra oscura de las obras inconclusas que marcaron la gestión anterior.
Este caso no es un incidente aislado. Es el reflejo de una forma de gobernar en la que la obra pública parecía destinarse más a generar negocios que a resolver problemas reales de los ciudadanos. Hoy, el esfuerzo por rescatar ese patrimonio y exigir cuentas demuestra que es posible poner primero al pueblo y no al bolsillo propio.
Los campechanos merecen transparencia, obras que se terminen y funcionarios que rindan cuentas. El “negocio en casa” debe quedar en el pasado. El presente y el futuro exigen que el dinero público sirva verdaderamente para seguridad, progreso y dignidad.
