MÉXICO- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró con razón un hecho inédito: el gobierno de Estados Unidos acusó penalmente, por primera vez, al dueño de una tienda de armas en Arizona por conspirar con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en el tráfico ilegal de armas hacia México.
Este no es un detalle menor. Durante décadas, México ha exigido a su vecino del norte que asuma su corresponsabilidad en la violencia que azota al país. Miles de armas de alto poder cruzan la frontera cada año, alimentando directamente el poder de fuego de los grupos criminales. Mientras en México se combatía el narco con soldados y marinos, del otro lado las armerías vendían rifles de asalto como si fueran refrescos, amparadas en una interpretación extrema de la Segunda Enmienda.
La acusación penal contra este armero de Arizona representa un quiebre simbólico e institucional importante. Ya no se trata solo de reclamos diplomáticos o demandas civiles. Ahora hay una acción penal concreta que reconoce que ciertos actores estadounidenses participan activamente en el tráfico de armas hacia los cárteles mexicanos.
La presidenta fue precisa al señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores analiza cómo incorporar este nuevo elemento a la demanda pendiente contra las armerías estadounidenses.
