CAMPECHE.- Representantes de un grupo de transportistas acudieron este lunes al Palacio de Gobierno para sostener una reunión con autoridades estatales, luego de los hechos ocurridos el pasado viernes 27 de marzo, donde denunciaron haber sido víctimas de agresiones por parte de integrantes de otra cooperativa.
De acuerdo con su testimonio, los incidentes se registraron cuando choferes de la cooperativa Transportes Thu Tiip’i Kin, encabezada por su dirigente Mairely Uc, presuntamente bloquearon el paso y agredieron a uno de sus conductores, lo que derivó en una confrontación directa entre ambas partes.
Los afectados señalaron que, además de la agresión, uno de sus vehículos fue infraccionado por la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), lo que agravó la situación y motivó su presencia en la sede gubernamental.
Indicaron que tienen programada una reunión con el titular correspondiente, Rafael Castillazar, con la finalidad de exponer su versión de los hechos y buscar una solución al conflicto que permita continuar con sus operaciones.
Explicaron que desde hace tiempo han solicitado formalmente autorización para brindar el servicio de traslado de pasajeros en la ruta Calkiní–Campeche, mediante la entrega de diversos oficios tanto a la agencia reguladora como a instancias del gobierno estatal.
En ese sentido, afirmaron que su intención no es generar conflicto, sino participar en un esquema de competencia que consideran necesario, ya que, según expresaron, durante años el servicio en esa zona ha sido limitado a un solo grupo.
Respecto a los señalamientos de la ARTEC sobre la imposibilidad de operar con placas federales en la ciudad, los transportistas argumentaron que cuentan con permisos vigentes de carácter federal, lo que les permite ofrecer servicios de traslado bajo un esquema de origen-destino.
Detallaron que, aunque su permiso corresponde al rubro de transporte turístico, aseguran que cumplen con todos los requisitos legales, incluyendo contratos, órdenes de servicio y documentación en regla para operar sin irregularidades.
Asimismo, rechazaron que la situación escale a un conflicto mayor, pese a la denuncia interpuesta contra la dirigente de la cooperativa rival, al reiterar que ellos fueron los afectados y que únicamente buscan defender su derecho a trabajar.
Subrayaron que cumplen con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de contar con operadores con licencia federal y unidades que operan bajo condiciones reguladas, por lo que insistieron en que están en condiciones de brindar un servicio seguro y competitivo en beneficio de los usuarios.
