CAMPECHE, CAMP. El hartazgo estalló la mañana de ayer en las puertas del CENDI número 5 en el área Ah Kim Pech. Cansadas de ver cómo la justicia se mueve a paso de tortuga cuando se trata de proteger a los “suyos”, las madres de familia Avis Rodríguez y Estela Cardoso colocaron candados al plantel, impidiendo el acceso a docentes y alumnos. La exigencia es una, castigo inmediato para Karla Pantoja, la asistente educativa señalada de violentar física y psicológicamente a más de una decena de niños de entre 1 y 3 años.
A cuatro meses de que se destapara el horror vivido en las aulas, la presunta maltratadora no solo sigue libre, sino que continúa cobrando su sueldo íntegro en un edificio de la Supauac. Según las denunciantes, no ha sido inhabilitada y se le “premió” trasladándola a oficinas administrativas en Kanisté, donde despacha cómodamente mientras las familias costean psicólogos para niños que hoy se muerden las uñas por ansiedad o despiertan gritando en la noche.
“La maltratadora tiene que tener su castigo. Tenemos pruebas, videos, hemos ido a jurídico y no le tocan un pelo. La protegen porque es amiga de la subdirectora Cinthya Kantun y de la licenciada Daniela Martínez”, denunció Avis Rodríguez a las afueras del plantel.
Por si fuera poco, surgió otra preocupación entre padres, pues del grupo de al menos 30 maestros que exigían entrar a trabajar al plantel, brotó una defensa que raya en lo inhumano, son de 4 a 6 que justifican las agresiones alegando que la asistente “tenía estrés” o “estaba cansada”.
CASTIGAN INOCENTE Y PREMIAN A CULPABLE
En un giro que las madres califican de “absurdo y oficialista”, la directora del plantel, Silene del Caribe, fue removida desde noviembre de 2025, enviándola a Ciudad del Carmen, a pesar de que los padres aseguran que ella no tuvo responsabilidad directa. “Nos utilizaron”, señalan las madres, afirmando que las autoridades les hicieron firmar documentos bajo engaños para sacar a la directora, mientras mantenían a Pantoja bajo el cobijo del sindicato y la burocracia.
Al lugar arribó Zazil Sonda Ramírez, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDUC, quien lejos de ofrecer soluciones, intentó hacer que las madres abrieran el plantel, calificando el cierre de la escuela como un “delito”.
La confrontación subió de tono cuando la funcionaria apeló al “proceso administrativo” para justificar por qué la agresora sigue en la nómina.
