CAMPECHE.- Se prevé que, el próximo miércoles 7 de mayo la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados tiene programado iniciar —o más bien retomar— el proceso de desafuero del dirigente nacional del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
Cabe destacar que la solicitud original de la Fiscalía del Estado de Campeche se presentó hace más de tres años. Años de carpeta congelada, de excusas jurídicas y de un fuero constitucional que parece intocable para este priista.
Pero no se trata solo de dilación burocrática. Se trata de corrupción descarada y documentada. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche —la misma que hoy gobierna Layda Sansores con MORENA— presentó en julio de 2025 una segunda solicitud de declaración de procedencia por peculado y uso indebido de atribuciones, con un desvío comprobado de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
Los detalles son escandalosos y no dejan lugar a dudas:
– 27.2 millones en pagos simulados por “servicios ficticios” en la Secretaría de Seguridad Pública: alimentos, mantenimiento de patrullas y aires acondicionados facturados por prestanombres sin un solo comprobante.
– 23.8 millones en contratos irregulares a una empresa de buceo disfrazada de consultoría jurídica y fiscal para la API Campeche.
– 14.1 millones a una televisora sin respaldo documental alguno.
– 18.2 millones desviados en la supuesta construcción de la Plaza Colosio, con predio comprado a un “amigo” y sobreprecios flagrantes.
