CAMPECHE.- Manuel Iris Balán, integrante del Colegio de Abogados de Campeche A.C., aclaró que la intención de los legisladores por reinstaurar el fuero no es un hecho consumado, a pesar de sus facultades para crear y aprobar iniciativas de ley. El jurista subrayó la importancia de respetar el proceso de creación de normas, recordando que la última palabra recae en el Poder Ejecutivo. Es esta instancia la encargada de publicar y hacer efectivas las leyes, contando además con el derecho de veto para devolver cualquier norma a análisis si considera que no es adecuada para el marco legal vigente.
Para el especialista, esta iniciativa representa un retroceso en la vida democrática del país, ya que el fuero fue una figura históricamente criticada por los ciudadanos debido a que volvía a los funcionarios “inatacables”. Iris Balán señaló que intentar revivir esta protección es una forma de cobijarse en una figura que ya había sido desterrada por su falta de eficacia y por entorpecer la justicia. En su opinión, esta medida sugiere que los legisladores están priorizando sus propios beneficios y protección personal por encima de los intereses y demandas de la población general.
El abogado también cuestionó la reciente tendencia de los legisladores de recurrir a juicios de amparo ante la sospecha de la existencia de carpetas de investigación en su contra. Calificó estas acciones, en términos coloquiales, como una “triquiñuela” legal que refleja un desconocimiento del sistema de justicia penal actual. Explicó que la autoridad tiene la obligación de notificar a los involucrados y que, a menos que se trate de un delito grave, no es posible librar órdenes de aprehensión de forma arbitraria para sorprender a los señalados.
Bajo esta premisa, el integrante del Colegio de Abogados sugirió que el temor mostrado por los legisladores podría interpretarse como una admisión implícita de conductas fuera de la ley. Sostuvo que el ciudadano común no debe temer a la aplicación de la norma y que el derecho penal solo debería inquietar a quienes han cometido algún ilícito. El uso preventivo de amparos y la búsqueda del fuero levantan sospechas sobre el desempeño de los representantes populares y su resistencia a rendir cuentas ante la justicia como cualquier otro ciudadano.
El experto manifestó su extrañeza ante el nivel de preocupación que muestran los legisladores locales respecto a posibles responsabilidades penales. Al ignorarse el contenido exacto de las investigaciones o las acciones realizadas por estos funcionarios, su insistencia en recuperar privilegios legales solo refuerza la percepción de una clase política que busca distanciarse de la igualdad ante la ley. El debate queda ahora en manos de la opinión pública y del Ejecutivo, quien deberá decidir si permite el retorno de una protección que la sociedad civil ya consideraba superada.
