CAMPECHE.- En una audiencia clave para el futuro legal del doctor Abud y sus colaboradores, el abogado defensor Edwin Trejo Gutiérrez confirmó que se ha logrado una salida alterna conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de la suspensión condicional del proceso, una figura jurídica que permite detener el curso judicial con la autorización de un juez y el consentimiento del Ministerio Público. Según la defensa, el procedimiento se encuentra actualmente suspendido, marcando el inicio de una etapa de transición legal definitiva.
La situación jurídica actual dicta que, aunque el caso formalmente continúa abierto, las hostilidades procesales han cesado. El abogado Trejo Gutiérrez enfatizó que solo resta cumplir con un periodo de seis meses para que el asunto sea sobreseído y archivado como concluido. Durante este lapso, el doctor Abud goza de libertad plena, habiéndose retirado todas las medidas cautelares previas, lo que le permite retomar sus actividades personales y profesionales sin restricciones legales de movilidad o conducta.
La estrategia de la defensa no se basó en una imposición, sino en un convenio pactado con la Fiscalía bajo el principio de lealtad. Ambas partes determinaron que la suspensión era la vía idónea para resolver la controversia de manera eficiente. Este planteamiento fue presentado y avalado por el juez de control, quien ratificó que el acuerdo cumple con los requisitos legales necesarios para poner fin al proceso sin necesidad de llegar a la etapa de juicio oral.
Ante la duda sobre si este recurso implica una admisión de responsabilidad, la defensa fue tajante al diferenciar la suspensión condicional del procedimiento abreviado. A diferencia de este último, donde el imputado acepta haber cometido un delito a cambio de una pena menor, la suspensión condicional no exige aceptación de culpa alguna. “Es una salida para poner fin al proceso sin llegar a juicio”, aclaró Trejo Gutiérrez, subrayando que en ningún momento se ha señalado responsabilidad penal contra los imputados.
Al finalizar el plazo de medio año, el expediente será archivado manteniendo intacta la presunción de inocencia del Rector y su equipo de trabajo. El abogado destacó que la resolución es tan favorable que no se impusieron amonestaciones, trabajos voluntarios ni ninguna otra condición onerosa. Al concluir el tiempo marcado por la ley, el archivo se cerrará dejando el historial jurídico de los involucrados libre de cualquier mancha delictiva, reafirmando que su estatus de inocentes nunca fue quebrantado.
