El mapa del sureste mexicano se está redibujando, y esta vez no es solo por turismo, sino por supervivencia y desarrollo. Este 17 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la expropiación de terrenos para el Tren Maya, mediante decretos que aseguran el derecho de vía en puntos estratégicos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que mejorará la movilidad y facilitará el flujo de apoyos alimentarios y médicos hacia comunidades indígenas.
Por ello, en el municipio de Escárcega donde se han integrado cerca de 45 hectáreas del ejido “División del Norte”. Esto representa la culminación del Tramo 1 (Palenque-Escárcega), una arteria vital para conectar zonas que por décadas enfrentaron el olvido y el bajo crecimiento económico.
Esto no solo será transporte para pasajeros, pues la visión de la administración de Sheinbaum apuesta por convertir estas vías en un corredor humanitario sin precedentes. El tren funcionará como una columna vertebral logística para llevar suministros médicos y apoyos alimentarios de forma masiva y rápida hacia las comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta infraestructura permitirá que, en caso de emergencias o necesidades básicas, la ayuda no dependa de carreteras de difícil acceso, sino de una vía férrea moderna que prioriza el bienestar social sobre el lucro.
CONSOLIDACIÓN DE TERRENOS NO SE DETIENE
Esto no solo será para Campeche, pues el Gobierno Federal ha extendido estos beneficios a otros dos estados clave. En Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, se aseguraron superficies para fortalecer el Tramo 6 (Tulum-Chetumal), una zona con enorme potencial para el desarrollo local.
Mientras que en Yucatán, en el ejido “Tikuch”, municipio de Valladolid, se concretó el espacio para el Tramo 4 (Izamal-Cancún), facilitando la interconectividad entre los centros culturales y turísticos.
Lejos de la incertidumbre, el proceso avanza bajo un esquema de legalidad y respeto. Los propietarios de las tierras ejidales serán notificados formalmente y recibirán indemnizaciones justas, basadas en avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Con este paso, la Presidenta reafirma su compromiso de no dejar a nadie atrás. Al expropiar “por causa de utilidad pública”, se pone el interés de miles de familias del sureste por encima de lo particular, garantizando que el tren sea, antes que nada, un derecho al desarrollo para quienes más lo necesitan.
