CAMPECHE, CAMP. Lo que la gobernadora Layda Sansores sentenció en emisiones pasadas en el Martes del Jaguar ha dejado de ser un anuncio para convertirse en un hecho jurídico. En aquel entonces un 30 de septiembre del año pasado, la mandataria fue clara al señalar que los terrenos del fraccionamiento Miramar serían expropiados “sí o sí”, pues representaban el espacio idóneo para la Universidad Rosario Castellanos. Hoy, con la inscripción oficial en el Registro Público de la Propiedad, se confirma que aquel anuncio era el preludio de un acto de justicia social contra lo que el gobierno estatal califica como un patrimonio edificado con dinero del pueblo.
La formalización de estas escrituras a nombre del Estado elimina el último obstáculo legal que frenaba el proyecto educativo. Según lo expuesto por la actual administración, este paso era la pieza faltante del rompecabezas jurídico para tomar posesión total del inmueble que pertenecía al dirigente nacional del PRI. Con el nombre de “Alito” borrado de los registros oficiales, el terreno deja de ser un bastión de exclusividad privada para transformarse en propiedad pública, cumpliendo así el proceso de expropiación que la gobernadora había prometido concretar para beneficio de los campechanos.
