CAMPECHE, CAMP. En política, la memoria es corta, pero las ambiciones son largas. Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el mismo que en 2016 desfiló triunfante por haber eliminado el fuero constitucional en Campeche para “acabar con los privilegios”, hoy encabeza una operación de rescate desde las sombras. Esto utilizando a sus alfiles en el Congreso local y en la Cámara de Diputados como muro de contención frente a la justicia.
El líder nacional del PRI, está intentando cerrar el círculo que él mismo abrió hace casi una década, para ser exactos un 6 de octubre del 2016. Ahora, acorralado por una montaña de audios y expedientes criminales, lucha desesperadamente por recuperar esta maniobra para que ese mismo blindaje vuelva a operar —no para el cargo, sino para él—.
La jugada no es nueva, pero sí más visible. Mientras en la Cámara de Diputados el proceso de desafuero sigue aplazado hasta 2026, en Campeche se reactivan movimientos políticos encabezados por figuras como Antonio González, líder del Congreso local, y otros legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano, que aparecen como piezas clave para devolver el caso al terreno político y evitar que avance en el judicial.
DEL APLAUSO AL PÁNICO
El antecedente es incómodo para Moreno, pues pese a haber impulsado la eliminación del fuero constitucional porque no lo necesitaba, todo dio un giro, pues al dejar la gubernatura en 2019 y asumir la dirigencia nacional del PRI en 2021, comenzaron a tomar forma las acusaciones por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito durante su administración (2015–2019).
Para 2021 y 2022, el campeón de la transparencia se convirtió en el blanco de la justicia. La filtración de audios que revelaban desde lavado de dinero hasta pagos millonarios a publicistas extranjeros, transformó su discurso. De pronto, la justicia ya no era justicia, era “persecución”. El hombre que mató al fuero, hoy daría lo que fuera por resucitarlo.
El 16 de agosto del 2022, la Fiscalía presentó la primera solicitud formal de desafuero. Desde entonces, el proceso ha sido una sucesión de pausas, amparos, retrasos y expedientes que no se discuten. El resultado, el fondo del asunto no se juzga y el tiempo corre.
ALIADOS SE VUELVEN ESCUDOS
Para que Alito respire, otros tienen que operar. La pieza clave en este tablero es Antonio González, actual líder del Congreso de Campeche. Bajo las órdenes de Moreno, González y un bloque estratégico compuesto por legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano, han iniciado una contraofensiva para devolverle la inmunidad al dirigente nacional.
La paradoja es evidente. El mismo político que eliminó el fuero cuando gobernaba Campeche ahora necesita que el sistema —o sus actores— lo proteja. El fuero ya no es un privilegio que critique, sino un salvavidas que intenta reconstruir indirectamente, usando a terceros y aprovechando los tiempos del poder.
SÓLO ESTÁ GANANDO TIEMPO
Y es que fue el 23 de julio del 2025, cuando la Fiscalía estatal presentó una nueva solicitud de desafuero por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos. Aunque la Sección Instructora reconoció que existen elementos para analizar el caso, el procedimiento fue nuevamente aplazado, ahora hasta febrero de 2026, bajo el argumento de falta de pruebas suficientes.
Por ello, la táctica de Moreno es más bien un acto de supervivencia. Alito está empujando a sus mismos cuadros de Campeche —aquellos que le deben la carrera— para que reinstalen el fuero o bloqueen cualquier intento de la Fiscalía local por tocarlo. Los está usando como carne de cañón para que este año, él pueda seguir diciendo que “ha ganado todas las batallas”, mientras ellos asumen el costo político de proteger a un señalado por peculado.
Así, el priista intenta completar su propia contradicción histórica, primero desmontando el fuero cuando no lo necesitaba; ahora, rodeado de acusaciones, busca que ese mismo blindaje — formal o de facto— vuelva a operar a su favor. Y en esa operación, los actores locales ya están en movimiento.
