CAMPECHE.- La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitió una aclaración oficial para desmentir las versiones que señalaban una presunta persecución política en las inmediaciones del Poder Legislativo. La institución precisó que la presencia de sus agentes respondió exclusivamente a recorridos de vigilancia preventiva, una labor rutinaria de seguridad, y no a la ejecución de diligencias ministeriales u órdenes de aprehensión contra integrantes del Congreso.
Lejos de ser una intervención externa, la parálisis y tensión en el Congreso local se fundamentan en un conflicto interno dentro de la bancada mayoritaria. La crisis fue detonada por decisiones administrativas y políticas atribuidas a la presidencia del Legislativo, las cuales han generado un clima de exclusión que fracturó la unidad parlamentaria y alteró la dinámica de trabajo en el recinto.
Uno de los puntos más críticos de esta división fue la retirada de apoyos de gestión a diversos legisladores. Esta medida afectó particularmente a quienes respaldaron la solicitud de deuda pública destinada a infraestructura, dejándolos únicamente con la percepción de su dieta mensual. Esta estrategia de presión financiera es señalada como el factor clave en la pérdida de respaldo hacia la dirigencia de la bancada.
La división se profundizó recientemente tras una sesión celebrada únicamente con el grupo cercano a la presidencia del Congreso. En dicho encuentro, se determinó la destitución de Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez como vicecoordinadores parlamentarios, una acción que los sectores disidentes califican como una purga interna que imposibilita el diálogo y el consenso necesario para la gobernabilidad legislativa.
Frente a las especulaciones sobre supuestas investigaciones penales, se ha confirmado que no existe ninguna carpeta de investigación abierta en contra de Antonio Jiménez. La única mención judicial relacionada con la bancada corresponde a una denuncia de carácter familiar contra un diputado, un asunto estrictamente personal y ajeno a la actividad legislativa, lo que desarticula la narrativa de una supuesta “amenaza penal” generalizada.
La restauración del fuero constitucional en el estado ha sido identificada como un retroceso en la vida democrática de Campeche. Esta medida contraviene los principios de igualdad jurídica que han sido promovidos a nivel nacional, donde la eliminación de privilegios procesales ha sido una bandera central para garantizar que ningún servidor público cuente con escudos legales ante la justicia.
La reinstalación de esta protección legal choca directamente con la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el legado de Andrés Manuel López Obrador. Ambos liderazgos han sostenido históricamente que nadie debe estar por encima de la ley. Al reactivar el fuero, el Congreso local se coloca en una posición de discordancia con el movimiento nacional que busca erradicar las figuras de impunidad.
La difusión de los hechos ha estado marcada por la participación de comunicadores con intereses cruzados. Se ha señalado el caso del periodista Lorenzo Chim, cuya colaboración en medios como Tribuna ha sido cuestionada por difundir información descontextualizada. Esta dualidad ha contribuido a alimentar una narrativa de confrontación que, al carecer de contraste y datos verificables, confunde a la opinión pública sobre la realidad de los hechos.
El diagnóstico actual revela que en Campeche no existe una persecución política orquestada, sino una crisis de confianza provocada por decisiones legislativas excluyentes. La ruptura del tejido interno en el Congreso es el resultado de una gestión que ha priorizado la confrontación sobre la suma de voluntades, derivando en un debate legítimo sobre el rumbo institucional de la entidad.
El Gobierno del Estado ha reiterado su respeto absoluto a la división de poderes, pero mantiene una postura firme en favor de la rendición de cuentas. Al respaldar la agenda de transformación nacional, las autoridades estatales enfatizan su rechazo a la reinstalación de privilegios como el fuero, haciendo un llamado a que prevalezca la transparencia y la responsabilidad pública por encima de los intereses de grupo.
