CAMPECHE – Tras años de haberse eliminado como una medida de austeridad política y transparencia, la figura del fuero constitucional vuelve a ocupar el centro del debate parlamentario en la entidad. Esta iniciativa propone que los servidores públicos de alto rango recuperen la inmunidad que impide que sean procesados penalmente de manera directa mientras ejercen su cargo. El argumento central de los proponentes sostiene que esta medida no busca generar impunidad, sino evitar que la acción judicial se utilice como una herramienta de presión política que desestabilice el funcionamiento del aparato estatal.
La restitución de esta figura implica que, para iniciar cualquier proceso penal contra un funcionario protegido, el Congreso deberá retomar su facultad dactuar como órgano de procedencia. Bajo este esquema, la fiscalía no podría proceder de manera autónoma sin antes presentar las pruebas necesarias ante el Poder Legislativo para que este decida si existen elementos suficientes para retirar la protección. Este filtro legal se presenta como una garantía de equilibrio entre poderes, asegurando que las acusaciones tengan un sustento sólido antes de afectar la continuidad de un servidor público en sus funciones.
El debate ha generado una división marcada entre quienes consideran el fuero una reliquia de privilegios y quienes lo ven como una defensa necesaria para la democracia. Los sectores a favor de la medida subrayan que, en un entorno político polarizado, el fuero actúa como un escudo para que legisladores y funcionarios de primer nivel puedan ejercer su criterio sin temor a represalias legales inmediatas por sus decisiones. Por el contrario, voces críticas señalan que este retorno podría dificultar el acceso a la justicia expedita, creando una distinción procesal que choca con el principio de igualdad ante la ley.
De concretarse esta reforma a la Constitución Política del Estado, Campeche se sumaría a las entidades que han reconsiderado la eliminación total de esta prerrogativa
