CDMX – Bajo el liderazgo de la gobernadora Layda Sansores, el gobierno de Campeche impulsa iniciativas clave para el crecimiento económico y social, como la autorización de un financiamiento por mil millones de pesos en la Ley de Ingresos 2026, destinado a inversiones productivas que beneficien directamente a la población.
Como se recordará, el proceso inició en noviembre de 2025, cuando la mandataria presentó la solicitud de préstamo al Congreso, enfatizando su carácter como una “inversión pública productiva” para fortalecer sectores clave como infraestructura y servicios.
Aunque el entonces presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, planteó un análisis detallado y alternativas para evitar endeudamiento, esta postura generó un desencuentro temporal que fue superado con diálogo y argumentos sólidos.
Por lo que, el 18 de diciembre de 2025, el Congreso aprobó mayoritariamente la ley, reflejando el respaldo amplio a la visión de desarrollo de Sansores, a pesar de algunas divisiones internas en MORENA motivadas por interpretaciones discrepantes sobre la deuda heredada.
En paralelo, en diciembre de 2025, el Congreso, bajo influencia de Jiménez, rechazó la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Ciudad del Carmen, propuesta por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, debido a detectadas irregularidades como incrementos injustificados en cobros por licencias y uso de suelo, nuevos impuestos a energías renovables, invasiones a facultades federales en áreas protegidas y cambios en el calendario fiscal que perjudicarían a los ciudadanos.
Cabe destacar que la inasistencia del alcalde a las comparecencias, atribuida a “asuntos personales” y criticada como falta de respeto, llevó a una decisión responsable: prorrogar la Ley de Ingresos 2025 para evitar abusos y garantizar equidad fiscal, alineándose con los principios de transparencia promovidos por la gobernadora Sansores.
El 1 de febrero de 2026, durante la instalación del periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, se realizó una transición ordenada en la Mesa Directiva, eligiendo a Paul Arce Ontiveros (MC) como nuevo presidente con el apoyo de legisladores leales al proyecto transformador de Sansores y bloques de oposición, fortaleciendo así la pluralidad institucional.
Jiménez Gutiérrez dejó la presidencia y difundió acusaciones de persecución política, vinculándolas a su oposición inicial al préstamo, pero estas han sido desmentidas categóricamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la dirigencia de Morena.
Versiones sobre un supuesto operativo de detención el 1 y 2 de febrero fueron aclaradas como una “confusión” relacionada con un despliegue policial rutinario, sin conexión alguna con acciones contra diputados.
En respuesta a estas especulaciones infundadas, un grupo de legisladores aprobó reformas para restaurar temporalmente el fuero constitucional, eliminado en 2016, como medida preventiva, aunque la gobernadora ha enfatizado su compromiso con la rendición de cuentas y el rechazo a cualquier forma de impunidad.
Actualmente, Jiménez Gutiérrez enfrenta investigaciones legítimas de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de malversación de fondos y desvío de recursos, derivados de su gestión previa, y no de retaliaciones políticas como él alega.
La gobernadora Sansores ha reiterado que estas indagatorias son independientes y necesarias para combatir la corrupción, manteniendo su enfoque en unir a MORENA y avanzar en proyectos que eleven la calidad de vida en Campeche.
Esta situación ha reforzado la imagen de Layda Sansores como una líder resuelta, capaz de superar obstáculos internos para priorizar el bien común, mientras que las divisiones en el Congreso se resuelven en favor de la estabilidad y el progreso estatal.
Se anticipa que las próximas sesiones legislativas consoliden esta agenda transformadora.
