CAMPECHE. En Campeche, la realidad terminó por imponerse al discurso. El exrector José Alberto Abud fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, un hecho grave que, por sí mismo, exig e explicaciones claras y responsabilidad pública. Sin embargo, lejos de asumir el momento con seriedad institucional, el académico optó por difundir un video en redes sociales en el que se declara víctima de una supuesta persecución política.
El recurso no es nuevo ni original. Cuando los hechos alcanzan a figuras que durante años se movieron en la comodidad del poder, la narrativa del “perseguido” suele aparecer como último salvavidas.
No obstante, en este caso, el mensaje no generó el eco esperado. Desde Campeche se reporta un silencio elocuente: Ni la comunidad universitaria ni excolaboradores salieron a respaldarlo. La ausencia de solidaridad pública dice más que cualquier comunicado.
El contexto es clave. La vinculación a proceso no es un asunto menor ni una disputa política, sino una resolución judicial sustentada en indicios que ahora deberán ser aclarados en los cauces legales. Pretender desviar el foco hacia una supuesta conspiración no responde a la pregunta central que hoy ocupa a la opinión pública.
