MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este miércoles que el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos — realizado la mañana del 20 de enero— fue una decisión soberana del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), aunque originada en una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense.
Cabe destacar que, los reos, considerados una “amenaza real para la seguridad del país” por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas desde el Aeropuerto Internacional de Toluca hacia ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
Entre ellos destacan operadores clave de cárteles como Jalisco Nueva Generación (incluyendo familiares de “El Mencho”), Sinaloa, Beltrán Leyva y facciones de Los Zetas.
Sheinbaum rechazó especulaciones de que se trate de “quedar bien” con el gobierno de Donald Trump (cuyo segundo mandato cumple un año): “Es una decisión soberana, no un toma y daca”.
Cada caso fue analizado priorizando la seguridad nacional, la reducción de violencia en México y la conveniencia para el país. El traslado se ejecutó bajo la Ley de Seguridad Nacional y mecanismos de cooperación bilateral, con el compromiso explícito de que Estados Unidos no solicitará pena de muerte para los entregados.
Con esta acción, suman 92 criminales de alto impacto enviados a EU durante la administración Sheinbaum: 29 en febrero de 2025 (incluyendo a Rafael Caro Quintero y otros líderes), 26 en agosto de 2025 y ahora 37 en enero de 2026. La presidenta enfatizó que la cooperación en seguridad continúa, pero siempre con México por encima de todo: “Se pone primero a México, aunque pidan lo que tengan que pedir”.
El operativo se enmarca en tensiones bilaterales por el narcotráfico y amenazas arancelarias de Trump, pero Sheinbaum insistió en que las decisiones se toman con base en consideraciones soberanas de política de seguridad, protección de la soberanía y reducción de la violencia interna. No se trata de extradiciones formales tradicionales, sino de traslados bajo acuerdos de colaboración, evaluados caso por caso por el CNS.
Autoridades mexicanas y estadounidenses han destacado que estas acciones contribuyen a desarticular estructuras criminales transnacionales y alivian la presión sobre el sistema penitenciario mexicano, mientras fortalecen la colaboración en combate al crimen organizado.
