CAMPECHE – En el Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores San Román emitió un enérgico pronunciamiento respecto a la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). .
La mandataria rechazó categóricamente los señalamientos de la ANUIES y de sectores políticos de oposición, quienes han acusado a su administración de presuntas intromisiones tras los hechos relacionados con la reciente salida del ex rector de la máxima casa de estudios.
Con un discurso centrado en la delimitación de competencias, Sansores San Román subrayó que el respeto a la autonomía universitaria es un principio constitucional esencial para el autogobierno y la libertad académica, asegurando que esta ha sido y seguirá siendo una constante en su gestión.
Sin embargo, precisó que dicho principio no debe ser malinterpretado como un escudo para la opacidad o la irresponsabilidad administrativa. “La autonomía universitaria no exime del cumplimiento del orden jurídico, ni del uso responsable de los recursos públicos.
Tampoco puede entenderse como un mecanismo de inmunidad frente a responsabilidades administrativas, financieras o legales derivadas del ejercicio de funciones directivas”, enfatizó la gobernadora, dejando claro que el manejo de los recursos públicos, estatales y federales, conlleva una obligación de rendición de cuentas.
La jefa del Ejecutivo estatal recordó que, ante la crisis financiera de la institución, su gobierno ha otorgado apoyos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio educativo sin interferir en su vida interna. En este sentido, atribuyó la acumulación de irregularidades financieras, los conflictos laborales y el evidente deterioro de las instalaciones a las decisiones tomadas por quienes han encabezado la rectoría, señalando que la autonomía no justifica prácticas que dañen a la auténtica comunidad universitaria.
R e s p e c t o a l p a p e l d e l a ANUIES, Sansores calificó de extralimitación la postura de la asociación al anticipar públicamente una reelección que calificó de “inexistente en términos institucionales”. Sostuvo que la organización ha pasado de ser un mecanismo de coordinación técnica a una defensora de intereses de grupo asociados a una sola persona, lo que obliga a replantear su utilidad pública y su vigencia social.
