CAMPECHE. – Una serie de investigaciones administrativas han puesto bajo la lupa la gestión de José Alberto Abud Flores al frente de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), tras revelarse un presunto esquema de favoritismo en la asignación de obra pública. La documentación disponible señala la e n t r e g a d e c o n t r a t o s q u e superan los 21 millones de pesos, otorgados sistemáticamente mediante adjudicación directa a una red familiar estrechamente vinculada.
El esquema de contrataciones señala como figura central a Juan José Pérez Barahona, quien recibió de manera discrecional sin licitación de por medio contratos críticos para la infraestructura universitaria. Entre estos destacan: 6.4 millones de pesos: Destinados a la rehabilitación del edificio de Gerontología (Facultad de Enfermería) y 1.2 millones de pesos: Por conceptos de albañilería e impermeabilización en la Escuela Dr. Víctor Nazario Godoy.
La investigación se extiende a Sergio Rafael Pérez Barrera, actual presidente de Canacintra y familiar directo de Pérez Barahona, quien obtuvo un contrato por 5.4 millones de pesos para intervenir aulas en la Facultad de Humanidades.
El patrón de irregularidades se hace evidente en el uso de razones sociales que apuntan a un mismo núcleo. Las empresas Constructora Arrendadora e Inmobiliaria San Luis Rey y Comercializadores, Presentaciones y Distribuciones de Dzitbalchén figuran como las principales ejecutoras.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, que apuntan a una violación de los principios de equidad y transparencia en el manejo del presupuesto universitario, el exrector Abud Flores ha optado por el silencio absoluto.
La comunidad universitaria y diversos sectores de la opinión pública han comenzado a exigir una auditoría externa que determine si estas adjudicaciones directas constituyen un delito de peculado o tráfico de influencias, mientras la UAC enfrenta uno de sus mayores cuestionamientos éticos en años recientes.
