CAMPECHE, CAMP. A un año de que Campeche despenalizó el aborto, el derecho existe en la ley, pero no siempre en la práctica. Ese es el dato incómodo que dejó sobre la mesa el informe “Situación del acceso al aborto legal en México” con énfasis en la objeción de conciencia, presentado por Católicas por el Derecho a Decidir México. Hoy la principal barrera ya no es el Código Penal, sino las puertas cerradas dentro de los hospitales.
Durante la presentación realizada en el marco del primer aniversario de la despenalización, Aidé García Hernández, directora de Católicas México, subrayó que el cambio legal fue un avance histórico, pero insuficiente si no se traduce en servicios reales.
“Siguen mandándonos casos de mujeres a quienes les niegan el servicio. Y muchas veces no solo esel médico, es la psicóloga o el personal de primera instancia (recepción)”, denunció.
El estado está fallando en su obligación de garantizar personal no objetor en todos los turnos. La investigación cualitativa realizada en 19 estados muestra que la objeción se usa como un castigo moral.
“La autonomía reproductiva de las mujeres no puede estar sujeta a la voluntad religiosa de un funcionario”, sentenció.
Por otra parte, Lilian Reyes Gutiérrez, subdirectora operativa de la organización, lamentó que, aunque en el estado está práctica ya es legal, la realidad de los pasillos de un hospital el derecho se desvanece frente a una recepcionista que juzga o un médico que se niega. Esto provocó que el año pasado 236 mujeres abortaran, pero gracias a organizaciones civiles.
