CAMPECHE. Durante la reciente emisión del “Martes del Jaguar”, la gobernadora Layda Sansores San Román enfatizó el cambio radical en la procuración de justicia del estado, señalando que la corrupción finalmente se documenta y se persigue de forma rigurosa.
La mandataria recordó que, durante la administración anterior de Alejandro Moreno Cárdenas, la entonces fiscalía no presentó un solo caso de irregularidades, manteniendo una narrativa de funcionarios “químicamente puros” mientras el erario era vulnerado. En contraste, destacó la labor del actual fiscal, quien ha logrado integrar expedientes sólidos que han derivado en acciones judiciales concretas durante las primeras semanas de este 2026.
La gobernadora lamentó profundamente que las instituciones de educación superior en Campeche hayan sido tratadas como botines personales por funcionarios ambiciosos. El esquema de operación detectado en la entidad guarda una similitud alarmante con la llamada “Estafa Maestra”, donde se utilizaron adjudicaciones indebidas y empresas fantasmas para desviar recursos. Layda Sansores subrayó que estas prácticas han lastimado profundamente la con fianza ciudadana, especialmente entre los habitantes de Ciudad del Carmen, quienes por años presenciaron la desaparición de activos sin que existiera consecuencia legal alguna para los responsables.
Un aspecto destacado en el informe fue la celeridad de las detenciones, las cuales no se detuvieron pese a las festividades de inicio de año. Mientras la ciudadanía celebraba el Año Nuevo, la Fiscalía y el Poder Judicial mantuvieron su operatividad, logrando que los implicados comparecieran ante el juez desde el día primero de enero. Esta determinación fue calificada como un paso vital para demostrar que no existen días de asueto para la justicia cuando se trata de defender el patrimonio de los campechanos, rompiendo con la inercia de impunidad que solía imperar en periodos vacacionales.
Detenciones clave y procesos vinculatorios en la UNACAR Hasta el momento, cuatro exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) han sido vinculados a proceso por su presunta participación en estos ilícitos, incluyendo a un exrector de la institución.
Las autoridades confirmaron que David O., Jorge G. y José R. fueron procesados en la primera semana de enero, sumándose Isabel M. el pasado 12 de enero. De estos imputados, tanto José R. como Jorge G. se encuentran actualmente bajo prisión preventiva justificada, enfrentando cargos relacionados con la emisión de facturas que ascienden a los 92 millones de pesos, dinero del cual no existe respaldo documental ni evidencia de servicios entregados.
