MÉXICO.- La reciente presentación de una denuncia por parte de Ricardo Salinas Pliego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) representa un capítulo más en la larga saga de confrontación entre el magnate y el Estado mexicano.
Con más de 100 páginas de expediente entregadas en Washington, el empresario alega un “acoso sistemático” derivado de las menciones reiteradas en las conferencias matutinas —más de 600, según su conteo— que lo vinculan a temas de evasión fiscal, persecución política y ataques a su libertad de expresión.
Sin embargo, esta maniobra internacional no puede leerse como un acto de víctima indefensa, sino como una estrategia de distracción ante una realidad ineludible: Salinas Pliego y su Grupo Salinas enfrentan una deuda fiscal firme y cuantiosa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmada por múltiples instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los adeudos, que ascienden a alrededor de 51 mil millones de pesos (con notificación formal prevista para enero de 2026), provienen principalmente de ejercicios fiscales entre 2008 y 2015, relacionados con empresas como TV Azteca, Elektra y otras del conglomerado.
La SCJN rechazó en noviembre de 2023 los últimos amparos promovidos por el grupo, dejan do firme el cobro por impuestos sobre la renta (ISR), recargos y multas, derivados de un uso presuntamente abusivo del régimen de consolidación fiscal —un esquema que permitía compensar ganancias y pérdidas entre empresas del mismo grupo, pero que el SAT consideró improcedente en auditorías iniciadas desde 2013.
Lejos de tratarse de una “persecución política”, como alega el empresario, se trata de la aplicación de la ley tributaria tras años de litigios (más de una década en algunos casos) en los que el Poder Judicial ha fallado consistentemente en contra de Grupo Salinas.
La deuda no es un invento de las “mañaneras”; es un crédito fiscal controvertido, validado por tribunales colegiados, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la propia Corte, que ha desestimado recursos para dilatar el pago.
Presentar una queja ante la CIDH por supuestas menciones en conferencias públicas —que, en todo caso, forman parte del debate político y de rendición de cuentas— parece más un intento de internacionalizar el conflicto y ganar tiempo o simpatía que una defensa sólida de derechos humanos.
