CARMEN, CAMP.- Por el presunto delito de estafa, el ex rector de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), José Antonio Ruz Hernández y dos ex funcionarios universitarios vinculados, continuaran en retenidos en el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen, al dictar prisión preventiva, en lo que se determina su situación jurídica.
La situación jurídica de los implicados se dictará, en el caso de David Osorio Loyo, ex integrante de la estructura administrativa de la Unacar, este sábado, durante el desahogo de la audiencia inicial; en tanto que Ruz Hernández y Jorge García Ocaña, solicitaron la ampliación del termino constitucional, por lo que se resolverá el próximo lunes.
Los implicados fueron asegurados en cumplimiento de órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, bajo la carpeta de investigación 249/2022/FECCECAM, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades; además de peculado, por el presunto desvío de recursos por el orden de los 96 millones de pesos, de la Unacar.
Durante la audiencia inicial, desarrollada en la Sala de Juicios Orales de Ciudad del Carmen, los fiscales sostuvieron que los imputados, habrían triangulado recursos de la máxima casa de estudios, a favor de 14 empresas, con domicilio fiscal en Villahermosa y Cárdenas, en Tabasco; en Playa del Carmen, Quintana Roo; en Mérida, Yucatán y en Ciudad del Carmen
De acuerdo con la exposición, Osorio y Ocaña, durante su desempeño en las áreas administrativas universitarias, realizaron millonarias transferencias, que se avalaban con convenios, autorizadas por el entonces rector, Ruz Hernández.
A decir de la Fiscalía Anticorrupción, estos recursos transferidos de manera irregular a estas empresas, provenían de recursos propios de la Unacar y de los asignados por el Gobierno del Estado, a la máxima casa de estudios.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorupción, de las empresas a las que se realizaron estas millonarias transferencias, la mayoría de ellas, al comprobar los domicilios fiscales, se encontró que solo eran de fachada o que solo simulaban sus operaciones.
A decir de los fiscales, las transferencias se realizaron en el 2017, sin embargo, estas operaciones solo se justificaban con convenios y facturas, pero los trabajos que amparaban, no se llevaron a cabo o los insumos no se entregaban.
Al término de la larga audiencia inicial, el juez de control dictó prisión preventiva para Ruz Hernández y David Osorio Loyo, quienes solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que su situación legal se resolverá este lunes, por lo que continuaran recluidos en el Cereso de la Isla.
