MÉXICO- La figura de los “jueces sin rostro” se perfila como uno de los temas centrales de la agenda legislativa de Morena para 2026, con el objetivo de blindar a los impartidores de justicia frente a las amenazas del crimen organizado, al tiempo que se busca erradicar el rezago judicial, la corrupción y la escasa supervisión que actualmente afectan al sistema penal mexicano.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó que la iniciativa presidencial remitida el 25 de junio de 2025 reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Actualmente turnada en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, se prevé que avance en el próximo periodo ordinario para su discusión en San Lázaro.
“Estas reformas dotan a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, al tiempo que buscan erradicar el rezago, la corrupción y la poca supervisión que caracteriza al sistema de justicia”, enfatizó Monreal en la Agenda Legislativa 2026 de su bancada.
Entre los cambios clave, se adiciona un Capítulo VIII a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, titulado “De la protección de las personas”, que remite al CNPP para establecer medidas de seguridad y resguardo de identidad.
El Órgano de Administración Judicial podrá solicitar estas protecciones excepcionales en casos de alto riesgo, garantizando certeza a las partes procesales.
Otro ajuste permite que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a unidades distintas a la especializada en delincuencia organizada, investiguen y persigan estos delitos con consentimiento de dicha unidad, modificando el artículo 8 de la ley.
Además, se establece que la existencia de una organización delictiva quedará acreditada con una sentencia irrevocable, nacional o extranjera, emitida por vía ordinaria o terminación anticipada, aplicable tanto en el sistema inquisitivo mixto como en el acusatorio adversarial.
Las modificaciones al CNPP fortalecen los cambios derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024, creando el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial para regular la actividad administrativa de los juzgadores.
Se delimitan plazos procedimentales donde no existían, se acortan intervalos en las fases procesales para garantizar una justicia pronta y expedita, y se refuerza la licitud en la obtención de pruebas, exigiendo respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Monreal subrayó que estas medidas, combinadas con criterios objetivos para proteger a los juzgadores en delitos de delincuencia organizada, consolidarán un sistema penal más eficaz, seguro y confiable.
Aunque la iniciativa ha generado debate por posibles implicaciones en el debido proceso y estándares internacionales de derechos humanos, el legislador insistió en que se ajustará con perspectiva humanista, priorizando la seguridad de quienes imparten justicia sin comprometer garantías esenciales.
