CAMPECHE.- Las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, junto con la de Control Presupuestal y Contable del Congreso del Estado, han formalizado una mesa de trabajo estratégica para profundizar en el examen de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Esta etapa técnica representa el primer filtro crítico en el proceso legislativo, donde se desglosan las proyecciones financieras para asegurar que la planificación administrativa esté alineada con las capacidades recaudatorias reales de la entidad. La instalación de este espacio subraya el compromiso de los legisladores por establecer un marco de legalidad y rigor metodológico antes de llevar cualquier dictamen al pleno para su deliberación final.
El propósito central de estas sesiones de trabajo es evaluar minuciosamente las propuestas enviadas por la titular del Poder Ejecutivo, la Gobernadora Layda Elena Sansores San Román, garantizando que el destino de los recursos públicos responda a las necesidades prioritarias de la población campechana. A través de este análisis conjunto, se busca auditar el impacto potencial de cada partida presupuestal en el desarrollo estatal, vigilando que el gasto público no solo sea eficiente, sino que también actúe como un motor de crecimiento económico y bienestar social. La revisión responsable de estas políticas fiscales es fundamental para mantener la estabilidad financiera y la transparencia en el uso del erario durante el próximo año.
Durante el intercambio de opiniones y consideraciones técnicas, las y los diputados integrantes de ambas comisiones han aportado diversas perspectivas que enriquecen el debate sobre la distribución del capital estatal. Este diálogo constructivo permite armonizar las visiones políticas con las realidades técnicas, facilitando la construcción de un presupuesto que destaque por su orden y responsabilidad financiera. Al priorizar una visión social en la asignación de fondos, el proceso busca reducir las brechas de desigualdad y fortalecer los servicios públicos esenciales, consolidando un documento que refleje un equilibrio entre la disciplina fiscal y la atención a las demandas más urgentes de la ciudadanía.
