CDMX. De acuerdo a investigaciones, se revela un entramado de corrupción que vincula directamente a Ricardo Aldana Prieto –dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), conocido como “El Delfín de Deschamps”– y su familia con el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos.
Apenas el 4 de diciembre, una pesquisa destapó el multimillonario “huachicoleo fiscal” orquestado por sus hijos, Luis Ricardo Aldana Patrón y Luis Antonio Aldana Padrón, mediante empresas como Estrategias Energéticas y de Distribución SAPI, Gas Azul de Nogales SA de CV y GMR Energéticos.
Más tarde, el 10 de diciembre, se expuso cómo el STPRM adjudicó 544.5 millones de pesos a una firma ligada a la familia Aldana, alimentada por fondos opacos de Pemex.
El primer escándalo, fresco y demoledor, involucra la reventa de diésel por más de mil 614 millones de pesos al Gobierno Federal entre 2023 y 2024. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concentró el grueso: 42 contratos por adjudicación directa entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 a Gas Azul de Nogales, por mil 557 millones de pesos.
Cabe destacar que, para ocultar el conflicto de interés –dado que Aldana Prieto representa a trabajadores de Pemex, principal productora de combustibles–, los hermanos Aldana firmaron un contrato de asociación en participación el 9 de noviembre de 2023, posicionando a su empresa como socia oculta.
El esquema se extendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suministrando diésel a hospitales como el General Regional número 12, por 15.9 millones de pesos adicionales.
Este caso expone adjudicaciones directas masivas, evasión de licitaciones y un flagrante nepotismo que enriquece a la familia a costa de la petrolera nacional, en medio de una crisis de huachicol fiscal que ha costado al erario hasta 200 mil millones de pesos anuales.
Apenas seis días después, el 10 de diciembre, estalló el segundo golpe: entre enero de 2016 y marzo de 2025 –incluyendo adjudicaciones recientes en 2023 y 2024–, el STPRM otorgó 544.5 millones de pesos a Estrategia Estructural S.A. de C.V., una empresa que comparte apoderada legal con Inmodesarrollos JR, fundada en 2015 por los padres de Aldana Prieto, Julio Aldana Jara e Isabel Prieto Trujillo.
Perla Olivia Rentería López funge como representante en ambas firmas; asumió en Inmodesarrollos JR en julio de 2015 y, en septiembre de 2024, se incorporó Ricardo Aldana Patrón –hijo del líder– con poderes amplios para firmar contratos, manejar pagos y licitar ante Pemex y sus filiales, como Exploración y Producción, Transformación Industrial, Perforación y Servicios, Logística, Cogeneración y Servicios, Fertilizantes y Etileno.
Los contratos a Estrategia Estructural, muchos firmados por Salvador Álvarez Hoth –administrador desde 2011 y cercano al sindicato–, incluyen obras recientes que Aldana presume como logros:
– Febrero de 2017: Parque y remodelación en Las Hortalizas, Las Choapas, Veracruz.
– Abril de 2018: Barda perimetral en terreno Sección 15, Ciudad Mendoza, Veracruz.
– 2019: Instalaciones en deportivo Las Ceibas (inaugurado 2022 por Aldana), 78.8 millones, Cárdenas, Tabasco.
– Enero de 2020: Gradas y edificio polivalente en “Unidad y Compromiso”, Centro, Tabasco.
– Mayo de 2022: Remodelación salón hotel El Palmar, Poza Rica, Veracruz.
– Abril de 2023: Centro de capacitación regional, Villahermosa, Tabasco.
Estos fondos provienen de una “bolsa secreta” de las cláusulas 251 y 251 BIS del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), transferidas por Pemex entre 2005 y 2018: mil 663.3 millones por la 251 y 2 mil 504.9 millones por la 251 BIS, según datos de transparencia.
Supuestamente para viajes, eventos y apoyos al Comité Ejecutivo General (CEG), se usaron con discrecionalidad total. Aunque cesaron en 2019 con la revisión bajo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el STPRM sigue gastando remanentes “de ejercicios anteriores”, sin auditorías claras. Inmodesarrollos JR, con administradora única Susana Pérez Mayorga –asesora técnica del STPRM en negociaciones del CCT–, tiene domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz, y capital declarado de 246.1 millones.
