CAMPECHE – El aire salino de Champotón, puerto pesquero donde el río Candelaria besa el Golfo de México, se cargó de indignación el martes pasado. En el emblemático “Martes del Jaguar”, la gobernadora Layda Sansores San Román ha convertido en tribunal popular contra la corrupción–, se destapó un escándalo que huele a despojo antiguo: La familia Angulo Briseño, emparentada con el poder priista campechano, habría acaparado más de 4.5 millones de metros cuadrados de tierras ejidales, equivalente a miles de predios campesinos.
De esa vorágine, al menos 2 millones 391 mil 791 metros cuadrados –una cuarta parte de la cabecera municipal– terminaron en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por sumas millonarias, mientras los ejidatarios locales miraban cómo su herencia comunal se evaporaba en trámites opacos.
Sansores, con su estilo frontal que ha sacudido al establishment local, desplegó una cronología implacable durante la emisión. Todo remonta a 2017, bajo el gobierno estatal de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas –hoy líder nacional del PRI y figura omnipresente en los escándalos campechanos– y el sexenio federal de Enrique Peña Nieto.
El Registro Agrario Nacional (RAN), esa institución que debería velar por los derechos indígenas y campesinos, entregó parcelas masivas a Pedro Angulo Villacis y Candelaria del Carmen Briseño Talango, sin licitaciones ni consultas comunitarias.
“Fue un regalo envenenado”, ironizó la gobernadora, mostrando documentos que revelan ventas posteriores a precios irrisorios: menos de un peso por metro cuadrado. Apenas dos años después, esos mismos terrenos –ideales para el libramiento de Champotón, un proyecto vial impulsado por Moreno– fueron revendidos a la SCT por más de 21 millones de pesos.
Pedro Angulo, según los registros fiscales expuestos, pagó solo 43 pesos de predial por lotes que, de la noche a la mañana, se convirtieron en oro para el erario federal.
La red familiar Angulo Briseño no es un secreto en Campeche. Pablo Guillermo Angulo Briseño, hijo político de Alito Moreno –quien lo catapultó como diputado priista y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación–, representa el nexo con el poder.
Fuentes locales consultadas por este reportaje, bajo anonimato por temor a represalias, señalan que la familia ha tejido una telaraña de influencias desde los 90: propiedades en San Pablo Pixtún, demandas por “daño moral” contra campesinos que denuncian fraudes, y hasta intentos de apropiación de predios destinados a escuelas, como el que lleva el nombre de Andrés Manuel López Obrador.
