La instrucción fue clara: “Entre más tiempo tarde en separarse de la coordinación (de Morena en el Senado), más presión recibirá”. Y es que la orden ya no es confidencial: desde Palacio Nacional decidieron apretar las tuercas al ex gobernador de Tabasco. La columna de Raymundo Riva Palacio de la edición del 17 de octubre de El Financiero, indica que el gobierno federal avanza en el desmantelamiento de la red de negocios que sostuvo su carrera política y financió su campaña presidencial.
AUDITORÍAS Y ADVERTENCIAS
En la práctica, esa presión se tradujo en auditorías paralelas de la UIF y el SAT, en nuevas indagatorias de la FGR y en advertencias internas en el Senado de Morena.
Un informe confidencial entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum —confirmado por fuentes de inteligencia financiera— advierte que el caso provoca un “desgaste acelerado” en su administración.
De esta manera por primera vez el obradorismo enfrenta la tarea de juzgar a uno de los suyos. En palabras de un alto funcionario consultado: “El mensaje no es para él; es para todos los que creyeron que el poder era hereditario”. El cerco, esta vez, no se anuncia: ya está en marcha.
LOS NUEVOS OPERADORES
La caída de los viejos operadores financieros abrió paso a una nueva generación de intermediarios. Tras la muerte de Daniel Flores Nava, ex director de Proyecta y hombre de confianza de Adán Augusto, la estructura financiera del grupo quedó en manos de los hermanos Fernando y Carlo Padilla, ligados al sector salud y transporte.
Flores Nava —socio del huachicolero Sergio Carmona— murió en julio de 2023, en un accidente aéreo ocurrido en Veracruz. Ambos habían
financiado campañas de Morena en 2021 y canalizado recursos a los megaproyectos del sexenio anterior. Los Padilla heredaron esa red.
Fernando, de acuerdo con El País y Latinus, financió la campaña de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua; Carlo, según la UIF, podría fungir como prestanombre del senador. Los dos aparecen en contratos federales del programa IMSS-Bienestar y en licitaciones del gobierno tabasqueño durante la gestión de López Hernández.
Un oficio de la UIF al Senado (OF/25/033) confirma que ambos están bajo alerta preventiva por operaciones inusuales. En la jerga del poder, eso significa una sola cosa: el rastreo ya está activo.
LA RUTA DEL DINERO
El dinero no viaja solo. Según reportes de inteligencia citados por Riva Palacio, las agencias estadounidenses —entre ellas el Departamento del Tesoro y la DEA— siguen desde 2021 la pista de un entramado financiero que nace en Villahermosa y termina en Miami, Panamá y São Paulo. La clave, dicen, está en la Notaría Pública N° 27, fundada por Payambé López Falconi y heredada por Adán Augusto.
La investigación reconstruye una mecánica donde Rosalinda López Hernández, ex jefa de Auditoría Fiscal del SAT, habría dejado expedientes “en tránsito” —por evasión o litigio fiscal— que luego eran resueltos en despachos ligados a su hermano Melchor, el notario.
Desde ahí se legalizaban sociedades y fideicomisos que recibían recursos de empresas contratistas del gobierno tabasqueño, entre ellas GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, responsables de transferir 79 millones de pesos al entonces precandidato presidencial.
Los documentos revelan triangulaciones a través de cuentas espejo y movimientos a firmas con registros mínimos de capital. Washington lo definió en su cable diplomático: “Una red política que aprendió a comportarse como corporación.
