En los archivos de Pemex Exploración y Producción hay una serie de oficios que explican por qué nadie sabe en qué se gasta el dinero de Cotemar.
Los documentos DCAS-SACAEP-GCMCLM-84-2024 y 397- 2024, firmados por la funcionaria Gabriela del Olmo Albarrán, establecen que los anexos técnicos de diez contratos fueron clasificados como “confidenciales” bajo el argumento de proteger el “secreto comercial”.
El blindaje cubre planos, costos unitarios, zonas de operación y bitácoras de obra. Todo lo que permitiría fiscalizar los contratos de más de 265 mil millones de pesos quedó sellado.
Los oficios justifican la reserva en el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia, aunque no explican por qué la confidencialidad se aplicó a fondos públicos ni quién solicitó la protección.
Las propias actas revelan que fue la contratista —no Pemex— quien pidió la clasificación. “Por solicitud expresa de la empresa Cotemar, S.A. de C.V.”, se lee en los documentos.
Así, el dinero del Estado se volvió
