CAMPECHE, CAMP. En un movimiento que ha levantado inmediatamente las sospechas de un pacto de protección a la corrupción, la diputada Mónica Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Congreso una iniciativa de ley que parece diseñada para sabotear la Ley de Expropiación.
El disfraz es noble, según ella, se busca reformar la iniciativa para obligar al estado a pagar las indemnizaciones en un plazo máximo de dos años, evitando que los ciudadanos sean “financiadores involuntarios” del gobierno.
La coincidencia no es casualidad, pues la iniciativa de MC no luce como una defensa genuina del ciudadano común, sino como un paraguas legal desesperado para aquellos grandes propietarios que ahora tiemblan ante la posibilidad de perder sus extensos predios, muchos de ellos adquiridos presuntamente de forma irregular.
El verdadero temor es que, si la expropiación busca recuperar terrenos y así beneficiar a campechanos, limitar el plazo de pago a solo dos años no protege a los ciudadanos, sino que presiona al gobierno a indemnizar rápidamente y con montos millonarios a políticos o sus socios, obstaculizando la acción de la justicia y el uso de esas tierras para beneficio público.
La diputada de Moci defiende su iniciativa como un acto de justicia. “La indemnización deberá cubrirse en un plazo que no podrá ser mayor de dos años, asegurando con ello que los procedimientos expropiatorios se desarrollen bajo un estándar más alto de justicia.”
Sin embargo, este discurso suena a “cortina de humo”. El verdadero interés, es proteger los grandes patrimonios, forzando al Estado a indemnizar con celeridad incluso propiedades cuya legalidad está en duda.
Si el proceso de expropiación se utiliza para recuperar bienes ilícitos —como ha señalado el gobierno con el caso Moreno Cárdenas—, esta iniciativa de MC solo sirve para ponerles las cosas fáciles a los presuntos corruptos.
