NACIONAL.- En Tabasquito, municipio de José María Morelos, Quintana Roo, la aplicación de insecticidas altamente tóxicos, como el fipronil, provocó la muerte de 164 colmenas, 10 jobones, 9 apiarios y 2 meliponarios, según testimonios de apicultores locales.
Estas fumigaciones, destinadas al control de plagas en plantaciones de chile habanero, tomate y sandía, han dejado colmenas despobladas, generando una crisis ambiental que la Alianza Maya por las Abejas, en colaboración con Abejas Ecosur, ya investiga para analizar las partículas responsables y cuantificar los daños.
A pesar de que en 2024 las comunidades mayas lograron un amparo que reconoce a las abejas como sujetos de derecho, impugnado por la Semarnat, la deforestación, la contaminación del agua y las fumigaciones sin control persisten en la península de Yucatán.
Estos factores amenazan la biodiversidad y la salud de los habitantes, evidenciando la falta de medidas efectivas para proteger a los polinizadores, esenciales para los ecosistemas y la producción agrícola.
Aunque el gobierno federal ha iniciado la prohibición de algunas sustancias peligrosas en el sector agrícola, las moléculas más tóxicas, como el fipronil, no están incluidas en estas restricciones.
Ante esta omisión, las comunidades exigen acciones urgentes de los tres niveles de gobierno: políticas para proteger el medio ambiente, investigaciones y sanciones contra la deforestación ilegal, así como programas participativos con las comunidades para crear corredores biológicos y restaurar los ecosistemas dañados.
La situación se agrava por el impacto de megaproyectos como la agroindustria, las mega granjas porcinas, desarrollos inmobiliarios y la minería, que desplazan a las comunidades mayas, incrementan la pobreza y fomentan el despojo de tierras. Frente a este escenario, se reitera la urgencia de declarar una emergencia socioambiental en la península de Yucatán para proteger los medios de vida de las comunidades y garantizar la preservación de los polinizadores y la biodiversidad.
