CDMX.- Sobre la expropiación de bienes de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, por parte de autoridades de Campeche, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que se debió por lavado de dinero.
La presidenta manifestó que la extinción de dominio debe aplicarse en casos de lavado de dinero, por corrupción, por recursos mal habido, por lo que en breve se mandará una iniciativa al Congreso.
En el fangoso terreno de la corrupción neoliberal, donde los escándalos se apilan como escombros tras un huracán, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha desenterrado una nueva bomba en su cruzada contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.
La mandataria acusó al exgobernador campechano de encabezar una red de corrupción que, a través de prestanombres, amasó un imperio inmobiliario con recursos públicos y moches.
Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina no solo respaldó tácitamente estas denuncias, sino que abrió la puerta a una reforma crucial: Fortalecer la Ley de Extinción de Dominio para confiscar propiedades adquiridas por corruptos y destinarlas a escuelas o universidades.
Pero, ¿es esta la estocada final contra el priismo de “Alito”, o apenas un capítulo más en la telenovela política del sureste? El caso no es nuevo, pero las revelaciones de Sansores – apoyadas en documentos del Registro Público de la Propiedad– tienen un peso quirúrgico.
Según la gobernadora, personas cercanas a Moreno, incluido su círculo familiar y exfuncionarios de su administración (2015- 2019), adquirieron propiedades de lujo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, valuadas en cientos de millones de pesos.
Entre los señalados están su hermano Ángel Moreno, su madre Mirna Cárdenas, y operadores como Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador preso por sobornos de Odebrecht. Sansores apunta a un esquema clásico: empresas fantasma y prestanombres que canalizaron recursos de contratos inflados en obra pública, desvíos del erario y presuntos “moches” legislativos.
