CDMX. – Un arbitraje internacional bajo el T-MEC ha puesto bajo escrutinio al sistema judicial mexicano, acusado de proteger a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en un conflicto por una deuda millonaria con inversionistas estadounidenses.
La disputa, que involucra a los fondos Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, señala irregularidades en los tribunales mexicanos que han permitido a la televisora evadir el pago de bonos emitidos en 2017 por 400 millones de dólares, según lo reportado por Proceso.
Ante eso caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema en su conferencia matutina, destacando que no se defenderá a TV Azteca en su incumplimiento de pagos, ya que ello implicaría asumir una responsabilidad que no corresponde al Estado.
Señaló que existe un caso de defraudación en Estados Unidos relacionado con la emisión de bonos durante la pandemia, cuando la empresa alegó incapacidad de pago, obteniendo fallos favorables en México que justificaron su moratoria.
Sheinbaum subrayó que la Secretaría de Economía evaluará cualquier diálogo con los inversionistas, siempre en el marco del derecho internacional y las leyes nacionales.
El conflicto se remonta a 2022, cuando TV Azteca, amparada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, obtuvo medidas cautelares sin audiencia previa, justificadas por la pandemia de covid-19, que le permitieron suspender el pago de sus obligaciones financieras.
A pesar de que la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023, el Juzgado 63° Civil, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, mantuvo estas medidas, argumentando que aún existen casos de covid-19, según lo reportado.
Además, el tribunal permitió a la televisora ocultar información financiera, dificultando la fiscalización por parte de acreedores y autoridades.
Estas decisiones han llevado a los inversionistas a presentar un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), acusando al Estado mexicano de violar el T-MEC al permitir un proceso judicial que consideran plagado de irregularidades.
