CAMPECHE, CAMP. En medio de rumores y temores sobre la posible pérdida de propiedades, el Gobierno del Estado aclaró que las viviendas ya urbanizadas tienen muy pocas probabilidades de ser afectadas por la reciente reforma a la Ley de Expropiación. Este tipo de medidas se aplican solo cuando existe un beneficio mayor para la ciudadanía.
“La expropiación es un acto jurídico por el cual una propiedad privada pasa a ser pública, pero exclusivamente para fines de utilidad pública: hospitales, universidades, escuelas, regularización de asentamientos irregulares o mejoramiento urbano. Y siempre existe una indemnización justa para el propietario”, detalló Juan Pedro Alcudia, consejero jurídico.
El funcionario insistió en que la reforma, publicada el viernes pasado no otorga mayores facultades al gobierno ni pone en riesgo el patrimonio de los campechanos. Al contrario, garantiza que cualquier acto de expropiación respete los derechos de propiedad privada, algo que no estaba claramente estipulado en la ley anterior.
Reiteró que, antes, era posible que propiedades fueran expropiadas sin aviso previo ni derecho a audiencia. La nueva normativa, dijo, exige un análisis técnico detallado y un dictamen que asegure que la intervención tenga sentido: “Se requiere un proyecto sólido, y que cumpla con los servicios necesarios. Casas urbanizadas en centros de población no entrarían en este esquema”.
El consejero también mencionó que se ha sistematizado un decálogo de criterios técnicos y legales para aplicar la expropiación, respondiendo así a críticas de actores políticos, económicos y académicos, muchas veces generadas por desconocimiento o información incompleta.
