CDMX.- En el corazón del sistema judicial mexicano, donde se supone que la justicia debe ser implacable, late una impunidad que parece tejida con hilos de poder e influencia. Bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido señalada por su ineficacia o, peor aún, por su complicidad en casos de corrupción que salpican a figuras clave del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Nombres como Alejandro Moreno Cárdenas, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Enrique Peña Nieto y el abogado Juan Collado Mocelo Mocelo emergen como protagonistas de un guion donde las investigaciones se evaporan, las pruebas se diluyen y los poderosos caminan libres. Esta es la crónica de un fracaso institucional que cuestiona la verdadera voluntad de combatir la corrupción en México.
Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, destapó el telón al revelar que, la FGR, pese a investigar desde 2022 a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas por delitos graves como enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, nunca presentó una solicitud de desafuero contra el dirigente priista.
“Nunca llegó a la Cámara de Diputados”, enfatizó Flores, desmintiendo rumores periodísticos y exponiendo una inacción que huele a protección política. En un país donde el fuero es el escudo de los legisladores, esta omisión equivale a un salvoconducto.
Algo idéntico ocurrió con Enrique Peña Nieto, el expresidente cuyo legado está empañado por sombras de corrupción. Desde 2022, la FGR admitió tener al menos tres carpetas de investigación en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivadas de denuncias que involucran a la empresa OHL en posibles delitos patrimoniales y electorales.
Sin embargo, en julio de 2024, Gertz Manero justificó la parálisis: las denuncias no se ratificaron y faltaron pruebas, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había hecho públicos datos que apuntaban a un esquema de enriquecimiento. Tres años de promesas vacías, y Peña Nieto sigue intocable, como un fantasma que ronda los pasillos del poder sin rendir cuentas.
El caso de Rosario Robles Berlanga ilustra el vaivén de una justicia caprichosa. La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto fue vinculada a proceso en 2019 por ejercicio indebido del servicio público en la “Estafa Maestra”, un desvío de miles de millones de pesos de Sedesol y otra dependencia. Pasó tres años en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla, negada repetidamente la domiciliaria pese a su delicado estado de salud y edad.
