CAMPECHE. La alcaldesa Biby Rabelo acudió a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por violencia política y de género, pero su intento de mostrarse como víctima terminó exhibiendo más tropiezos que resultados. No obtuvo medidas de protección, evitó dar nombres de los presuntos responsables y dejó abiertas sospechas de que el caso obedece más a un movimiento político que a una agresión real.
Tras dos horas de trámite, Rabelo admitió que pidió medidas cautelares y le fueron negadas. “La solicité y no nos la autorizaron”, reconoció, revelando además que la mandaron a buscar a un director que ni siquiera estaba en la oficina. Un proceso que, lejos de fortalecer su denuncia, la dejó evidenciada como una funcionaria sin respaldo institucional.
Las contradicciones no terminaron ahí. Aunque aseguró que los ataques vienen de personas relacionadas con medios de comunicación, se negó a dar nombres, limitándose a decir que “los ciudadanos saben contra quiénes”. Esa ambigüedad refuerza la percepción de que la denuncia carece de sustento y busca más bien desacreditar a voces críticas.
