MÉXICO.- En un México que clama por justicia y transparencia, el caso de Mario Alberto Ávila Lizárraga emerge como un recordatorio de los vicios que aún persisten en nuestras instituciones. La Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, cateó una lujosa propiedad en la exclusiva zona de Lomas del Castillo, en San Francisco de Campeche.
¿El propietario? Nada menos que Mario Ávila, exfuncionario de Pemex y excandidato a la gubernatura de Campeche por el PAN en 2009. Este operativo, que sacudió la tranquilidad de la noche campechana, no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un escándalo transnacional que pone al descubierto una red de corrupción que ha manchado el nombre de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ávila, de 61 años y residente legal en Spring, Texas, está en el ojo del huracán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa, junto a su socio Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de orquestar un esquema de sobornos entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones de Pemex y su subsidiaria, Pemex Exploración y Producción (PEP).
Según documentos judiciales, ambos habrían pagado al menos 150 mil dólares en sobornos, incluyendo artículos de lujo como bolsos Louis Vuitton y relojes Hublot, además de efectivo, a tres funcionarios de la petrolera. A cambio, lograron contratos por un valor aproximado de 2.5 millones de dólares. Mientras Rovirosa ya fue detenido, Ávila permanece prófugo, un estatus que solo agrava las sospechas sobre su culpabilidad.
Pero este no es el primer escándalo que envuelve a Ávila. Entre 2010 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, ocupó el cargo de subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP. Su gestión estuvo marcada por irregularidades, incluyendo la firma de contratos con la empresa Oceanografía, que derivaron en su inhabilitación por 10 años en 2015 por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Incluso entonces, se le señaló por el uso indebido de aeronaves oficiales y por autorizar una adenda a un contrato de 834.5 millones de pesos fuera de su periodo de gestión, beneficiando a terceros de manera indebida.
El cateo en Lomas del Castillo, fue un operativo discreto pero intenso. Agentes de la FGR, auxiliados por elementos de la Guardia Nacional y la fiscalía estatal, revisaron minuciosamente la propiedad y se llevaron documentos que podrían ser clave para esclarecer la magnitud de las acusaciones.
