MÉXICO- La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, no es solo el fin de una era para uno de los narcotraficantes más esquivos de México, sino un reflector que ilumina las entrañas de un sistema donde el crimen organizado y el poder político han tejido una relación perversa durante décadas, específicamente neoliberales.
Al admitir haber sobornado a políticos, militares y policías a lo largo de medio siglo, Zambada no solo narró su biografía criminal, sino que destapó una cloaca de complicidades que atraviesa partidos, gobiernos y niveles de autoridad, desde municipios hasta el ámbito federal, PRI, PAN, hasta el otrora PRD.
“El Mayo”, quien se declaró culpable en una corte de Brooklyn de liderar una empresa criminal y conspiración de crimen organizado, confesó haber construido un emporio que generó 15 mil millones de dólares en ganancias ilícitas, según reportes de la DEA.
Pero más allá de las cifras, lo que resuena es su revelación de haber corrompido a autoridades de todos los colores políticos: priistas, panistas y perredistas. Nadie se salva en este relato de un México donde el narco no opera solo, sino con la venia de quienes juraron combatirlo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, destacó las palabras del director de la DEA, Terry Cole, quien equiparó a Zambada y a Joaquín “El Chapo” Guzmán con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública sentenciado a 38 años en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millones en sobornos.
TODOS LOS CAPOS AL MISMO NIVEL
“Lo que más me llamó la atención es que la DEA pone al mismo nivel a dos capos y al que fue secretario de Seguridad de Calderón”, señaló Sheinbaum. Esta declaración no es menor: evidencia que la corrupción no es un apéndice del narco, sino su columna vertebral.
Sin embargo, la mandataria también resaltó el reconocimiento de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que existe una colaboración estrecha con México para combatir el crimen organizado.
Esta narrativa de cooperación suena optimista, pero choca con la realidad: la detención de Zambada en julio de 2024, orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, fue ejecutada sin informar a las autoridades mexicanas, precisamente por la desconfianza en su integridad. La DEA actuó sola, un recordatorio de que la corrupción en México sigue siendo un obstáculo para la justicia transnacional.
El testimonio de Zambada, quien afirmó haber pagado sobornos desde los 18 años para asegurar la impunidad de su organización, no sorprende, pero sí indigna. Su confesión dibuja un país donde el narco no solo infiltra, sino que coexiste con el poder.
