CAMPECHE. La gobernadora Layda Sansores San Román presentó al Congreso del Estado de Campeche una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, con el objetivo de imponer sanciones estrictas a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. La propuesta busca prevenir accidentes viales que resulten en lesiones o pérdida de vidas, fortaleciendo las medidas legales contra esta conducta.
Durante el programa “Martes del Jaguar”, el consejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez explicó que las reformas tienen tres ejes principales: cancelar la licencia de conducir a quienes causen lesiones o muertes por conducir en estado de ebriedad, clasificar estos actos como delitos perseguibles de oficio y con dolo eventual, y eliminar la posibilidad de acuerdos reparatorios. Además, se propone aumentar proporcionalmente las penas para garantizar sanciones más severas.
La iniciativa surge en respuesta a casos recientes que han generado indignación, como el de Martha “N”, presidenta del DIF Municipal, señalada por atropellar a un motociclista presuntamente bajo los efectos del alcohol y ser liberada horas después.
La gobernadora Sansores instó a la Fiscalía a investigar a fondo el caso y enfatizó: “Que no quede impune”, subrayando la necesidad de justicia en este tipo de incidentes.
Con estas reformas, el gobierno estatal busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero a la conducción en estado de ebriedad, un problema que ha cobrado vidas y dejado secuelas en Campeche y el país.
La propuesta también responde a la demanda ciudadana de endurecer las leyes para proteger a las víctimas de accidentes viales causados por conductores irresponsables.
El Congreso de Campeche analizará la iniciativa en los próximos días, mientras la ciudadanía espera que estas medidas se traduzcan en una mayor seguridad vial. Las autoridades han reiterado su compromiso de trabajar con la Fiscalía para garantizar que casos como el de Martha “N” no quede sin castigo, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en el estado.
