MÉXICO.-Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, ha construido un imperio que parece desafiar no solo las leyes del mercado, sino también las del fisco.
La reciente resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que negó un amparo a Grupo Elektra y le obliga a pagar un crédito fiscal de al menos 5 mil millones de pesos, es un golpe contundente a las prácticas que han caracterizado a este conglomerado: Maniobras financieras opacas, estrategias legales para retrasar lo inevitable y un discurso victimista que no convence. Es decir, después de dilatar los pagos al fisco, por fin la justicia lo alcanzó y deberá pagar su deuda.
El caso de Elektra y su filial Omega, adquirida tras la quiebra de Mexicana de Aviación, es un ejemplo claro de cómo ciertas empresas buscan burlar al fisco.
Según el tribunal, Omega, escindida en 2007, no generó ingresos ni utilidades hasta 2010, y su posterior venta por parte de Elektra careció de un propósito económico legítimo.
La operación, lejos de ser una transacción comercial razonable, fue una artimaña para generar pérdidas fiscales ficticias que redujeron la base imponible, afectando directamente los ingresos del erario público.
La magistrada Yaremi Patricia Penagos lo dejó claro: No se demostró que estas operaciones fueran “estrictamente indispensables” para los fines de la empresa.
Lo que indigna no es solo la magnitud del crédito fiscal —que suma, entre este caso y otros, miles de millones de pesos—, sino la actitud de Elektra y, por extensión, de Salinas Pliego.
La empresa ha recurrido a tácticas dilatorias, como impugnar la participación de magistrados con argumentos tan endebles como el de un artículo académico escrito por la magistrada Ana María Ibarra, que no guardaba relación con el caso actual. Estas maniobras, descritas por el presidente del tribunal, Alfredo Enrique Báez, como una estrategia para obstaculizar el proceso, reflejan un desprecio por la justicia y un intento de alargar un litigio que parece perdido.
Grupo Salinas, en un comunicado, calificó las resoluciones como “ilegales” y “políticas”, un discurso que busca deslegitimar a las instituciones mientras evade el fondo del asunto: Las evidencias de irregularidades fiscales.
