La posibilidad de una intervención militar estadounidense en México y otros países de América Latina para combatir a los cárteles de la droga ha dejado de ser una mera especulación.
Según una reciente publicación de “The New York Times”, el presidente Donald Trump habría firmado una directiva confidencial que autoriza al Pentágono a preparar el uso de fuerza militar contra organizaciones clasificadas como terroristas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.
Esta revelación, acompañada de declaraciones ambiguas de Trump y posturas beligerantes de figuras como la fiscal Pam Bondi, enciende las alarmas sobre una escalada que podría vulnerar la soberanía de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbam Pardo deja claro que el trabajo bilateral es fundamental para abatir el hampa y enfatiza la soberanía nacional.
La retórica de la administración Trump no es nueva. Desde su primer mandato, el presidente ha insistido en una postura de “mano dura” contra el narcotráfico, elevando ahora la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y celebrando decomisos de fentanilo como trofeos de guerra.
Sin embargo, sus palabras recientes, “pronto hablaremos de eso” y “estamos jugando con mano dura”, sugieren que la directiva podría traducirse en acciones concretas, desde ataques con drones hasta operativos encubiertos, según insinuaciones de medios como “Fox News” y figuras como Pete Hegseth, secretario de Defensa.
El despliegue de destructores navales en el Pacífico y el Golfo de México, junto con reportes de vuelos de reconocimiento sobre territorio mexicano desde febrero de 2025, añade un trasfondo inquietante.
Au n q u e l a s a u t o r i d a d e s mexicanas han señalado que estas operaciones se mantienen en aguas y espacio aéreo internacionales, la sola presencia de estas fuerzas alimenta la percepción de una amenaza inminente.
Frente a este escenario, la respuesta de México debe ser firme pero mesurada. La soberanía nacional no es negociable, y cualquier acción unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano sería una violación flagrante del derecho internacional.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico requiere cooperación bilateral efectiva, basada en el respeto mutuo y no en bravuconadas o despliegues militares.
