CAMPECHE. – El Congreso de Campeche aprobó reformas importantes para impulsar y fortalecer la cultura de la donación de sangre de forma altruista, lo que ahora es un derecho laboral para trabajadores al servicio del Gobierno estatal, los municipios y las instituciones descentralizadas.
Lo aprobado por los diputados de la 65 Legislatura contempla que los trabajadores al servicio del Gobierno estatal, los municipios y las instituciones descentralizadas puedan ausentarse para donar sangre de manera altruista un día con goce de sueldo durante cada seis meses, es decir, 2 veces al año.
La propuesta aprobada buscar reconocer el valor social y humano de quienes donan sangre, porque salvar vidas no debe ser un obstáculo en la jornada laboral, sino una causa que inspire a todos para fortalecer esta cultura de apoyo entre los campechanos.
DONACIÓN DE SANGRE
De acuerdo con Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Campeche, durante el 2023 se reportó que hubo 12 mil donadores con 18 mil componentes sanguíneos, cifra que mejora en el 2024, cuando hubo un incremento a poco más de 13 mil donadores, logrando distribuir alrededor de 20 mil hemo componentes.
Las complicaciones vienen cuando se habla de la donación altruista en el Estado de Campeche, que registra cifras por debajo de media nacional, donde solo se han alcanzado promedios de 2.6% y entre 3% a 3.5% para 2025. Por esa razón el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea reporta un déficit entre donaciones y necesidad real debido a la baja tasa de donación altruista.
OTRAS REFORMAS APROBADAS
En otros temas, el Congreso del Estado también aprobó cambios a la Ley de Desarrollo Social para que los alimentos en buen estado que no se consumen en hoteles y restaurantes puedan donarse, con el objetivo de fomentar una distribución a quienes lo necesiten y una redistribución justa que evite el desperdicio alimentario dentro de un sistema económico que acumula alimentos mientras otros lo requieren.
Lo aprobado señala que, en lugar de desperdiciarse, esa comida llegará a comedores, bancos de
alimentos y organizaciones sociales que ayudan a personas en situación de pobreza alimentaria.
Es decir, se crea un nuevo capítulo en la ley para coordinar la recolección, almacenamiento y distribución de los alimentos, cuidando siempre su calidad e higiene.
Las autoridades responsables de estas labores serán la Secretaría de Bienestar y los Ayuntamientos, que trabajarán juntos para que este esfuerzo llegue a las comunidades más vulnerables.
