CAMPECHE. – En la capital, el saqueo se ha perfeccionado con cinismo y doble cara. El Ayuntamiento encabezado por Biby Rabelo de la Torre, arropada por Movimiento Ciudadano, vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por el uso de prestanombres para encubrir jugosos contratos otorgados con sospechosa discrecionalidad.
El personaje clave en este nuevo escándalo se llama Miguel Ángel Hernández Rosado. Su trayectoria en la administración pública campechana se remonta al trienio de Eliseo Fernández Montufar, también señalado por corrupción.
Hernández Rosado fue Coordinador de la Dirección de Deportes, con un salario modesto pero una proyección que lo llevó a convertirse en un operador de negocios turbios.
Según documentación oficial, Hernández Rosado firmó como representante legal de Recubrimientos y Mantenimientos Industriales del Golfo S.A. de C.V., empresa ganadora de la licitación para los servicios públicos en Campeche desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2027.
Lo curioso es que ese contrato se firmó justo al filo del fin del mandato de Biby Rabelo.
Y más curioso aún es que la empresa actualmente a cargo de los servicios públicos no es esa, sino Goverdi, cuyo gerente es el mismo Hernández Rosado.
¿Coincidencia? No lo parece. Se trata de un mecanismo calculado: Empresas con distintos nombres, mismos rostros, mismos beneficiarios. Un enroque de prestanombres para cubrir lo que parece un saqueo programado desde el poder local.
Y no es la primera vez. En 2023, el mismo Hernández era gerente en Red Ambiental, encargada de la recolección y traslado de basura. ¿Tres empresas ligadas al mismo personaje? ¿Y todas con contratos municipales? Las firmas en estos contratos tampoco pasaron desapercibidas. La entonces regidora Martha Alejandra Camacho Sánchez (hoy directora del DIF municipal) y Vicente Exiquio Cruz Ramírez (ratificado como secretario del Ayuntamiento) también aparecen como responsables de validar estos acuerdos.
Todo queda en familia… o mejor dicho, en grupo.
Campeche no merece este tipo de gobiernos que reparten contratos como si fueran trofeos entre amigos y aliados políticos.
Movimiento Ciudadano prometió ser diferente, pero hoy parece replicar los peores vicios del viejo régimen. La ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas, y las autoridades competentes el deber de investigar hasta las últimas consecuencias.
