CDMX – Petróleos Mexicanos (Pemex) arrastra una deuda que no solo ahoga a sus proveedores, sino que envenena el tejido económico de México.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha puesto el dedo en la llaga: la crisis de pagos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en regiones como Ciudad del Carmen, Campeche; Tapachula, Chiapas; Veracruz y Tamaulipas no es solo un problema financiero, sino un caldo de cultivo para la corrupción.
Peor aún, se denuncia que en Pemex se exigen “moches” o sobornos para liberar pagos que, por derecho, ya deberían estar en manos de quienes cumplieron con su trabajo.
El panorama es desolador. Cientos de mipymes, que invirtieron recursos, tiempo y esfuerzo en contratos legítimos, enfrentan un calvario financiero.
La falta de pagos las ha llevado a recortar empleos, suspender operaciones o incluso perderlo todo. Regiones enteras, dependientes de la actividad económica que genera Pemex, están al borde del colapso.
La Coparmex no exagera al advertir que esta situación no solo amenaza la supervivencia de miles de familias, sino que fomenta prácticas opacas donde la extorsión se ha vuelto la moneda de cambio para cobrar lo justo.
Los números de Pemex pintan una realidad igual de sombría: ingresos operativos a la baja (-2.5%), con ventas de apenas 395.6 millones de pesos, una producción de crudo que cae 11.3% y de gas natural un 8.7%.
Estos datos no solo reflejan una empresa en declive, sino un sistema que, lejos de ser el orgullo nacional, se ha convertido en un lastre para los proveedores que dependen de ella. La ineficiencia operativa y la opacidad financiera de Pemex no son novedad, pero su impacto en las mipymes y la proliferación de “moches” son una bomba de tiempo que el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede ignorar.
