CAMPECHE. Justo cuando algunos municipios, como Carmen, apuestan por crear sus propias rutas de transporte público, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) lanzó un mensaje directo: ningún Ayuntamiento puede ofrecer servicio sin el visto bueno del Estado. Y no es un consejo; es una advertencia con base en la ley.
El comunicado, difundido recientemente, pone un alto a cualquier intento municipal de arrancar sistemas de transporte por cuenta propia. El ARTEC recuerda que el transporte público es una función estratégica que no está en manos de los Ayuntamientos, sino del Poder Ejecutivo del Estado. Así lo establece —según recalcan— la Constitución, la Ley General de Movilidad y la ley estatal correspondiente.
El mensaje fue contundente al afirmar que cualquier operación municipal sin una concesión o permiso formal es “jurídicamente improcedente” y “carece de validez legal”. Lo que, en términos simples, anula cualquier intento de actuar por libre.
Este posicionamiento llega en medio de tensiones crecientes. En Carmen, por ejemplo, el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus ha impulsado con fuerza su proyecto de transporte bajo el lema “Amor x Carmen”, buscando ofrecer un servicio nuevo, propio del Ayuntamiento. Pero con esta postura de ARTEC, el mensaje es contundente: no hay espacio para acciones unilaterales, por muy bien intencionadas que sean.
La agencia también lanza un exhorto “respetuoso” a los municipios, pidiéndoles que se abstengan de contratar, operar o permitir transporte público sin pasar por el trámite legal correspondiente. Eso sí, abren la puerta al diálogo, ofreciendo “orientación y acompañamiento” para quienes quieran prestar el servicio dentro del marco legal. Pero dejan claro que todo debe hacerse bajo su regulación directa.
Con fundamentos en múltiples artículos constitucionales y leyes de movilidad tanto federales como estatales, ARTEC construye un muro normativo en torno a esta función. Según la institución, es la única instancia con
