CDMX. Desde Cholula, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido con claridad la elección popular del Poder Judicial, un hecho histórico que reafirma la soberanía del pueblo mexicano.
La reciente recomendación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre cómo México debe seleccionar a sus jueces y magistrados es una intromisión inaceptable que desconoce la voluntad de 13 millones de ciudadanos que, en un ejercicio democrático sin precedentes, decidieron el rumbo de su justicia. La OEA, lejos de ser un árbitro neutral, parece añorar los tiempos en que un puñado de élites decidía el destino de las naciones.
La elección judicial es un pilar de la Cuarta Transformación, un movimiento que ha puesto al pueblo en el centro de las decisiones. Como afirmó la presidenta, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Antes, las cúpulas del poder, representadas por unos pocos en el Legislativo o en los círculos privilegiados, imponían a los ministros de la Suprema Corte.
Hoy, México ha roto con ese pasado: la voz de millones ha elegido, por primera vez desde los tiempos de Juárez, a un presidente de la Corte de origen indígena. Este hombre, descrito como honesto, sencillo y comprometido con la justicia, encarna el cambio profundo que el país necesitaba.
Criticar este proceso como imperfecto es válido, pues toda democracia es perfectible. Pero es innegable que la decisión de 13 millones de mexicanos pesa más que la de 120 senadores o las opiniones de organismos internacionales que no representan los intereses del pueblo.
La OEA, con su historial de intervencionismo en favor de agendas externas, no tiene autoridad moral ni mandato para cuestionar cómo México ejerce su soberanía. Su intromisión solo refleja el malestar de quienes ven amenazados sus privilegios ante una justicia que ahora responde al pueblo, no a las élites.
La elección judicial no solo democratiza el acceso a la justicia, sino que garantiza que el Poder Judicial refleje la diversidad y las aspiraciones de México. Un presidente indígena en la Suprema Corte no es solo un símbolo, sino una señal de que la justicia puede y debe ser incluyente.
Frente a las críticas de la OEA, México responde con hechos: la voluntad popular es la base de nuestra democracia, y
ningún organismo externo nos dictará cómo construir nuestro futuro. La Cuarta Transformación avanza, con el pueblo como protagonista y la justiciacomo estandarte.
